La idea de escribir estas líneas me vino el pasado fin de semana, mientras observaba la manifestación y la protesta que llenó la plaza frente a la Catedral de Cuenca contra las macrogranjas y las macroplantas. Ver a tantos vecinos reunidos ante nuestra piedra más emblemática me hizo pensar. Después, si te sientas en cualquier terraza a tomar un café, el paisaje que tienes delante vuelve a parecer el de siempre: limpio, tranquilo, nuestro. Es mi hogar. Pero si despliegas el mapa de los últimos macroproyectos sobre la mesa, la cosa cambia y te asalta una duda incómoda: ¿de verdad se han elegido estas tierras por criterios técnicos, o simplemente porque aquí somos cuatro gatos y pensaron que protestaríamos menos? La baja densidad de población, que siempre nos han vendido como una condena administrativa, parece haberse convertido en el reclamo perfecto para quienes buscan instalar estas industrias donde el ruido social moleste a la menor cantidad de votantes posible.
Como ciudadano que comparte este suelo, he intentado despojarme de prejuicios. Me he sentado a leer, a escuchar y a intentar entender las dos partes. Quienes defienden estas instalaciones hablan de progreso, de empleo y de la necesidad acuciante de gestionar los recursos. La propia Federación Española de Municipios y Provincias, en su estudio “Aprovechamiento de la Biomasa y Riesgos en Explotaciones Porcinas”, señala que la valorización de residuos ganaderos a escala local puede generar economías bajas en carbono y ahorros de costes. La teoría es impecable sobre el papel. Pero, claro, la teoría choca de frente cuando la escala del proyecto devora la escala humana.
La pregunta que me hago, con total honestidad, es si ya llegamos tarde a este debate. La provincia de Cuenca alberga dos colosos del sector cárnico: los grandes mataderos de Tarancón y de Villar de Olalla. Estas inmensas factorías ya operan y, de alguna manera, actúan como un motor implacable que ahora obliga a controlar, absorber y transformar los desechos de los miles de animales que alimentan su cadena de producción. Nos hemos convertido, por la vía de los hechos consumados, en el vertedero logístico de un engranaje que se decidió en despachos muy lejanos.
Y es aquí donde la realidad se vuelve sangrienta por el agravio comparativo. Sé perfectamente, y lo digo por experiencia personal, lo terriblemente difícil que es conseguir una licencia de obra o de cualquier otra índole en esta provincia.
Enfrentarse a los técnicos municipales, a los de la Diputación o a estamentos como Industria de la JCCM y las Confederaciones Hidrográficas es una guerra burocrática que el profesional local casi siempre tiene perdida. Son meses, cuando no años, de enfrentamientos por medio de registros oficiales y decisiones absurdas que congelan obras menores cuya puesta en marcha daría trabajo y vida económica a la zona.
Proyectos parados por diez centímetros en la altura de un alero, por el color de una fachada o por la proximidad a un cauce seco. Por eso causa tanto asombro e indignación ver la pasmosa facilidad con la que se concede una licencia para colocar una macroplanta en un pueblecito de cien habitantes. De verdad me gustaría que alguien de las altas esferas me explicase cómo lo consiguen ellos.
Aquí radica la esquizofrenia de nuestra gestión pública. Por un lado, veo cómo las administraciones se gastan ingentes cantidades de dinero público en promocionar mi tierra como un destino de turismo interior, amable y limpio. Invertimos fortunas en subvenciones, planes de sostenibilidad turística, remodelaciones patrimoniales y grandes escaparates como Fitur para atraer al visitante. Y, por el otro, se abren las compuertas a macroproyectos que amenazan con apestar los mismos campos que vendemos como idílicos. Es un contrasentido flagrante: no se puede financiar la belleza el lunes, asfixiar al pequeño emprendedor local el martes y autorizar el purín o el hormigón industrial el miércoles.
La movilización social que presencié el otro día, y que ha llenado las plazas de mis municipios vecinos, no nace del egoísmo. Nace de la lucidez de unos ciudadanos que se niegan a aceptar que el futuro rural consista en heredar los residuos mientras los beneficios económicos viajan a los despachos de las grandes ciudades o a fondos de inversión extranjeros. Es una cuestión de dignidad y de soberanía elemental. Los pueblos deben mantener la capacidad de decidir sobre sus propias tierras, sobre todo cuando lo que se disfraza de “bien mayor” no es más que un negocio desmesurado.
Es hora de que quienes gestionan los presupuestos elijan qué provincia quieren dejar a la siguiente generación: un entorno amable, vivo y turístico, o una inmensa factoría de deshechos que ahuyente el futuro. La movilización de mis vecinos ya ha elegido bando. Ahora la pregunta queda en el tejado de las administraciones: ¿vale más el silencio de una tierra despoblada que la dignidad de la gente que aún la habita?
Mientras encuentran la respuesta, yo lo tengo claro: no las queremos aquí.
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