Créeme, amigo lector, nadie invita a cenar a sus vecinos cuando sus propios hijos tienen la nevera vacía. Parece una regla básica de supervivencia, pero en la gestión del agua en España, esta lógica se invierte a diario. Mientras los embalses de Entrepeñas y Buendía agonizan y joyas ecológicas como Las Tablas de Daimiel gritan por medidas urgentes, un cauce artificial silencioso sigue llevándose casi el 44% del agua de la cabecera del Tajo hacia el Levante. Lo llaman solidaridad nacional ─de qué me suena a mí ese término─; la tierra y los tribunales, sin embargo, empiezan a llamarlo de otra manera.
El problema no es la falta de empatía de Castilla-La Mancha, que creo que ha quedado sobradamente demostrada, sino el divorcio absoluto entre las normas de explotación y la realidad climática. Hace poco, vimos cómo se autorizaban trasvases de 81 hectómetros cúbicos bajo una desconcertante máscara de “normalidad hidrológica”. Entidades expertas, como la Cátedra del Tajo, ya han advertido que los planes propuestos por el Ministerio ignoran el cambio climático y están lejos de dar estabilidad al sistema. Seguimos gestionando el agua del siglo XXI con la mentalidad de abundancia del siglo XX. Curioso, cuando estamos ante el gobierno central que más lucha contra el cambio climático, al menos, eso es lo que ellos dicen, aunque como siempre, solo se queda en bonitas palabras.
No es un berrinche regional, sino la exigencia del estricto cumplimiento de la ley. El Tribunal Supremo ha hablado alto y claro en sus recientes sentencias de 2025, desestimando los recursos de los regantes levantinos y avalando la necesidad ineludible de unos caudales ecológicos. Claro que, vista la devoción actual del Gobierno central por acatar las resoluciones judiciales y su conocida pasión por cumplir la ley sin arrastrar los pies, esperar una ejecución rápida quizá sea un ejercicio de extrema ingenuidad. La justicia dictamina que un río no es un canal artificial al servicio del mejor postor, pero el Ministerio prefiere la sordera institucional y perpetúa los trasvases abusivos.
En el fondo, la ecuación que maneja el Ejecutivo no es hidrológica, sino puramente electoral y, a ratos, casi esperpéntica. Hace unos días asistíamos atónitos a una escena que resume nuestro drama: el presidente de la Diputación de Cuenca recibía, de manos del Gobierno regional, un premio institucional por su heroica “lucha contra la despoblación”. Unas afectuosas palmaditas en la espalda entre administraciones del mismo color político, mientras los de arriba, sus compañeros de Madrid, nos siguen vaciando los embalses. Como ya advertimos cuando alzamos la voz contra las macrogranjas, el problema de nuestra tierra es aritmético: somos pocos votos. Resulta infinitamente más rentable en las urnas regar los densos caladeros electorales del Mediterráneo que garantizar el futuro de los municipios ribereños, que reciben diplomas en lugar de recursos. Mientras enviamos el agua para sostener el turismo ajeno, a nosotros se nos condena a mirar pantanos agrietados. Y sin agua, sencillamente, no hay vida rural.
Decía George Orwell que “ver lo que tenemos delante de nuestras narices requiere un esfuerzo constante”. Y lo que tenemos delante es un cinismo político que castiga a la España despoblada. Llegados a este punto de bloqueo, quizás la solución no esté en la hidrogeología ni en los tribunales, sino en la psicología inversa. Conocida la, digamos, “compleja” simpatía que el presidente del Gobierno central profesa a nuestro presidente regional, la estrategia está servida. Bastaría con que el Ejecutivo autonómico elogiara públicamente el trasvase y rogara encarecidamente su ampliación para que, en un alarde de reflejos mesiánicos, Moncloa chasqueara los dedos y lo hiciera desaparecer. Al trasvase, me refiero, no a Emiliano, por mucho que a algunos les tentara hacerlo. Somos pocos, sí, pero no tontos; y ya que nos quitan el agua, que al menos no nos quiten la ironía.
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