Soy el primero, amigo lector, que ha sucumbido. Lo confieso sin ambages. Cansado de recibir golpes en el laberinto del emprendimiento y del crecimiento laboral, he terminado por abrazar el mantra de la tranquilidad. No solo para mí, sino para el futuro de mis hijos. Deseo que mis hijos se preparen una oposición en cuanto estén en la edad; prefiero el refugio de una plaza pública antes de que caigan en la trampa de la “titulitis” que este país ha alimentado durante los últimos cuarenta años. Sé bien de lo que hablo. La cicatriz del autónomo escuece y el cuerpo, al final, busca la sombra.
Basta con pasear una mañana cualquiera por el centro de la ciudad para certificar que mi historia es la de miles. Mientras los locales comerciales bajan la persiana definitivamente y los escaparates se llenan de carteles de “se traspasa”, la biblioteca pública registra colas desde las siete de la mañana. No son estudiantes universitarios; son licenciados, graduados y gente de cualquier índole de treinta, cuarenta años e incluso, cincuenta años que han decidido dar un cambio a sus vidas. Llevan mochilas cargadas de subrayadores, apuntes, leyes y carpetas de anillas. España se ha convertido, por obra y gracia del desánimo, en una gigantesca sala de estudio, sin mencionar el bestial negocio de las academias para opositores, uno de los pocos casos de funcionarios que hacen el camino contrario.
Hemos edificado una cultura donde el funcionario es el sueño dorado en el que basar nuestras mejores esperanzas, la antítesis del sueño americano. Como comunidad, hemos admitido este fenómeno no como una anomalía, sino como el único camino sensato. Si un joven anuncia hoy que va a montar una empresa, el entorno lo mira con pánico. Si anuncia que se encierra tres años a memorizar temarios, la familia respira aliviada. El encierro se bendice; la aventura se castiga.
En ciudades como Cuenca, donde el coste de la vida permite respirar — entiendeme amigo lector, en comparación con las grandes capitales—, esta matemática es imbatible. La nómina pública, aunque sea limitada, rinde el doble. El aprobado en el BOE es el pasaporte real hacia una calidad de vida que en las grandes capitales es un lujo. Aquí, ese sueldo tasado abre la puerta a una vivienda propia sin ahogos, a unas vacaciones dignas y a un disfrute pleno del tiempo libre. La madurez ya no la otorga la experiencia, sino la sonrisa del
director del banco que concede una hipoteca sin pestañear al ver el membrete de la administración pública. Hemos normalizado que el bienestar dependa de un carné estatal.
La contrapartida de este idilio, sin embargo, es terrible. Al abrazar la tranquilidad, estamos dinamitando cualquier atisbo de crecimiento colectivo. Por el camino, perdemos a las mentes más brillantes que deberían hacer a la sociedad competitiva. Hoy, a grandes rasgos, un matemático prefiere la seguridad de la función pública antes que el abismo de la investigación pura. Lo mismo ocurre con médicos, ingenieros o economistas de primer nivel. El talento más disruptivo se canaliza hacia la gestión burocrática en lugar de hacia la vanguardia. Cambiamos la innovación por el archivo.
Ante esta deriva, urge una reflexión elemental: ¿qué pasaría si todos lográramos ese ansiado destino? Si el país entero se refugiara en el boletín oficial, ¿quién arreglaría un grifo o una puerta destartalada? ¿Quién repararía nuestros coches o asfaltaría las carreteras? La administración pública no genera riqueza, la consume. Si todos dependemos del presupuesto estatal, ¿quién pagará las pensiones del mañana? El tejido productivo agoniza bajo el peso de impuestos y normativas asfixiantes, costes que terminan encareciendo cada artículo que compramos en el mostrador. Destruir la colmena por asegurar la miel es un suicidio colectivo.
Para colmo, los partidos políticos instrumentalizan esta necesidad con un cinismo quirúrgico. Los gobiernos —ya sean locales, regionales o nacionales—conocen la aritmética del poder: saben que ganan adeptos cuanto mayor sea el volumen de la oferta pública. Las macrooposiciones brotan con sospechosa puntualidad en los meses previos a una cita con las urnas. Se utiliza la desesperación por la estabilidad como mercancía electoral.
Mientras tanto, la empresa privada se enfrenta a una generación que ya no se deja comprar con el viejo fetiche del éxito laboral. Los nuevos aspirantes ya no entran a las entrevistas negociando el sueldo; negocian el tiempo libre, la flexibilidad para criar a sus hijos sin delegar en guarderías o la renuncia a perder la vida en un atasco —y con razón, he de añadir—. Es una réplica del fenómeno del opositor: la juventud ha decretado que la única riqueza real e innegociable es la soberanía sobre sus horas.
Escribía Arthur Schopenhauer que el principal error de los hombres es creer que hemos venido al mundo a ser felices, cuando lo primero que deberíamos buscar
es la seguridad. Le hemos tomado la palabra al filósofo alemán. Nadie puede culpar a quien elige la trinchera del temario o planta cara en una entrevista laboral. Sería una hipocresía. La culpa no es del aspirante, sino de una sociedad que ha diseñado unos márgenes asfixiantes, obligando a perder la esperanza en la superación personal y penalizando la cultura del esfuerzo. El opositor es un superviviente en un tablero tramposo.
Pero el problema es de quienes aceptamos las reglas de ese tablero —entre los cuales me incluyo—. Hay algo profundamente melancólico en una comunidad que asume, con naturalidad dominical, que la única forma de que sus hijos tengan una vida plena sea refugiarse en una oficina pública. Nos reconforta saber que están a salvo, pero olvidamos que una sociedad sin riesgo es una sociedad anestesiada. Cabe preguntarse, mientras contemplamos las bibliotecas llenas, si el verdadero éxito de un pueblo es garantizar la tranquilidad de sus mejores cerebros a costa de apagar, para siempre, su porvenir.
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