En septiembre de 2017, presenté una serie de cinco fotografías al I Concurso de Fotografía Social del Colegio Oficial de Trabajo Social con el título “Gente sin casa, casas sin gente”. Este trabajo ponía el foco en una de las mayores contradicciones de nuestra realidad social. A través de cinco instantáneas, el proyecto yuxtaponía la crudeza de la exclusión residencial en las calles de nuestras ciudades – personas durmiendo a la intemperie, rodeadas por el ir y venir indiferente de los/as ciudadanos/as – con la estampa fría y silenciosa de bloques enteros de viviendas y promociones inmobiliarias completamente vacías.
Aquel trabajo visual nacía acompañado de un diagnóstico claro, respaldado entonces por datos alarmantes: miles de personas atrapadas en la intemperie (unas 40.000 según estimaciones de Cáritas en enero de 2017) frente a un parque de más de 340.000 viviendas vacías como herencia de una burbuja inmobiliaria desbocada. Era la radiografía perfecta de un sistema que mercantiliza un derecho fundamental mientras abandona a su suerte a los eslabones más débiles de la cadena.
La teoría del fracaso del estado de bienestar deja de ser un abstracto sociológico para convertirse en drama humano con casos como el de Mari Carmen, una mujer de 87 años hoy desahuciada en Madrid por un fondo buitre. Su historia encarna la máxima crueldad del sistema: una persona de avanzada edad, completamente vulnerable, que había pagado siempre su renta y que, sin embargo, ha sido arrojada de su hogar con el consentimiento pasivo – cuando no cómplice – de los poderes públicos.
El desalojo de Mari Carmen no es un fallo administrativo aislado; es la demostración palmaria de que las instituciones fallaron a su deber de protección. Cuando un Estado permite que la especulación financiera privada prevalezca sobre el derecho a la vivienda y, en este caso, el derecho a una vejez digna y segura en un hogar, el pacto social que sustenta el estado de bienestar se quiebra de forma irreparable.
El fenómeno reflejado en aquellas fotografías de 2017 – con miles de inmuebles y bloques vacíos en manos de la banca tras la burbuja – evolucionó hacia una nueva fase de especulación sistemática. Desde entonces, los fondos de inversión y grandes fondos buitre han ido adquiriendo masivamente aquellos paquetes de activos inmobiliarios, así como edificios enteros habitados en ocasiones por inquilinos con rentas antiguas o contratos de larga duración. Su estrategia no busca el uso residencial, sino la mercantilización extrema: expulsar a los vecinos tradicionales para reformar, vender a precios desorbitados o multiplicar artificialmente los alquileres.
El trágico caso de Mari Carmen ilustra perfectamente esta deriva depredadora: un fondo buitre compró su edificio y le exigió un incremento desproporcionado del alquiler – pasando de pagar 500 euros a pedirle cantidades impagables de hasta 2.600 euros -. La negativa rotunda del fondo a negociar o a aceptar alternativas solidarias de pago ofrecidas por terceros culminó en su desahucio a los 87 años, evidenciando que las viviendas se han convertido en instrumentos de exclusión implacable con el amparo de un marco legal ineficiente.
El fracaso del estado de bienestar radica precisamente en su incapacidad para actuar como escudo frente a los grandes tenedores y fondos de inversión. Las redes de protección familiar y los servicios sociales públicos se muestran insuficientes o desbordados ante dinámicas de mercado depredadoras que convierten el suelo y la vivienda en activos financieros en lugar de bienes de uso social.
Frente a la inacción institucional, la única respuesta efectiva ha brotado desde la autoorganización ciudadana y el apoyo social. Movimientos como el Sindicato de Inquilinas se han consolidado como herramientas imprescindibles de resistencia vecinal y defensa de los derechos de los/as residentes. Ante desahucios como el de Mari Carmen, la solidaridad organizada, la presión en la calle y el asesoramiento mutuo han demostrado ser el único muro de contención real frente a la desolación.
Desahuciar a Mari Carmen – una mujer consciente, luchadora y con plena conciencia que ha resistido cuatro intentos de desalojo desde 2020 – tras más de setenta años en su hogar no es un simple cambio de domicilio: es un acto de violencia institucional que provoca un desarraigo devastador, ya que cualquier solución asistencial de cariz burocrático, como una residencia o un piso impersonal, ignora su voluntad inquebrantable de seguir habitando el lugar que es su verdadera vida y memoria. Frente a este atropello, la labor informativa de algunos medios, periodistas y fotógrafos como mi amigo Fernando Villar (fotógrafo de EFE) resulta fundamental; pues, aun siendo apartados y relegados fuera del cordón policial junto a los/as manifestantes, han logrado realizar un trabajo documental y fotográfico impecable que nos hace llegar la cruda realidad de los hechos.
La serie “Gente sin casa, casas sin gente” y el eco del desahucio de Mari Carmen continúan interpelándonos con urgencia. Nos recuerdan que la vivienda no puede seguir sometida a las leyes del mercado especulativo y que un estado de bienestar que no garantiza un techo a sus mayores y a sus sectores más vulnerables pierde su razón de ser.
Foto de portada: Desahucio de Mari Carmen, por Fernando Villar (EFE)
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