«Siento vergüenza de que un político indulte a otro. Hay que acabar con los indultos políticos». Esta frase tan contundente no fue pronunciada por el líder de la oposición, sino por el mismísimo Pedro Sánchez en la televisión pública allá por 2014. Doce años después, la hemeroteca ha chocado de frente ─otra vez─ contra el Presidente. El pasado martes, en la misma mañana en que se aprobaban en secreto estas medidas de gracia, el presidente comparecía en rueda de prensa para ensalzar los logros de su gestión y presentar el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Su objetivo, paradójicamente, era endurecer el castigo a la corrupción ─¿No es maravilloso?─. Sin embargo, Sánchez no pronunció ni una sola palabra sobre los indultos en su discurso. Tampoco figuraban en la extensa
referencia oficial del Consejo de Ministros. Fue el Ministerio de Justicia el que los comunicó mediante una nota, de manera discreta y al caer la tarde, justo cuando los informativos diarios ya estaban cerrados. Una maniobra de escapismo
calculada para que la decisión avanzara «de puntillas» y con el menor ruido mediático posible. Es la escenificación perfecta de un ilusionismo institucional: la mano derecha promete dureza contra la corrupción frente a las cámaras, mientras la izquierda firma perdones por la puerta de atrás.
El esperpento se completa al observar la arquitectura parlamentaria que sostiene estas decisiones. Hablamos del mismo Gobierno que ya reformó a la baja el delito de malversación, apoyado y sostenido por las formaciones políticas herederas del 15M. Aquellas plazas que hace más de una década gritaban indignadas contra «la casta» y el saqueo institucional ─no hay pan para tanto chorizo─, hoy asisten en un sepulcral silencio cómplice a cómo sus representantes avalan este borrón y cuenta nueva.
Detengámonos a pensar, amigo lector, en lo que cuesta, económica y humanamente, arrinconar al delito. El Estado persigue, la Policía investiga durante cientos de horas, y los juzgados instruyen acumulando miles de folios. Cada
proceso penal por corrupción consume tiempo, esfuerzo y decenas de miles de euros públicos pagados con nuestros impuestos. Todo este esfuerzo titánico para defender la legalidad queda neutralizado por una sola firma en un Real Decreto. Se malversa así algo mucho más valioso que el dinero: el esfuerzo de las instituciones y la confianza de los ciudadanos.
Y luego están los nombres propios, que transforman la indignación en estupor. Imagina a un vecino de nuestra ciudad que se retrasa unos días en el pago del IBI o de una multa de tráfico; la implacable maquinaria administrativa le embargará la
cuenta sin titubear. Sin embargo, si te llamas Natalio Grueso, eres condenado por malversar caudales públicos en el Centro Niemeyer y te fugas a Portugal durante más de dos años, el Estado te recibe perdonándote la cárcel por motivos humanitarios, desoyendo el criterio en contra de la Fiscalía y la Audiencia Provincial.
O si te llamas Laura Borràs, eres condenada por el burdo pitufeo de contratos públicos para beneficiar a un amigo y ves tu pena de prisión reducida a la mitad. El Gobierno tiene la audacia de defender que esta medida es «útil» para «normalizar la situación política en Cataluña». Cabe preguntarse: ¿acaso no nos repetían a diario desde los atriles oficiales que la región ya estaba normalizada? Y lo que es más hiriente: ¿desde cuándo perdonar a una política condenada por corrupción administrativa contribuye a pacificar un territorio? Lejos de ser un acto de Estado, esto se asemeja sospechosamente a la entrega de una nueva letra de cambio —al igual que las concesiones en financiación autonómica o el traspaso de competencias— para pagar el alquiler de La Moncloa. No se trata de normalizar Cataluña, sino de asegurarse los apoyos parlamentarios necesarios para alargar unos meses más la agonía legislativa.
El indulto, concebido históricamente por nuestro ordenamiento jurídico como una medida de gracia excepcional para razones de equidad, amenaza con convertirse en un salvavidas VIP para quienes orbitan cerca del poder. Como bien advirtió el barón de Montesquieu: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”.
Cuando el perdón se aplica de forma selectiva y opaca, el mensaje que recibe el ciudadano de a pie es devastador: en este país existen dos finales posibles para un proceso penal, el que dicta la severa sentencia para el ciudadano común, y el que se consigue si se tienen los contactos adecuados.
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