Un grupo de vecinos afctados de la calle Pinar de Villalba de la Sierra han denunciado públicamente el estado de desprotección física y la inacción administrativa a la que se ven sometidos por la decisión de su Ayuntamiento de suspender y dejar sin efecto el plan provisional de reordenación de tráfico de sentido único cuya entrada en vigor estaba programada para el pasado 20 de junio.
Dicha medida técnica, que había sido anunciada formalmente mediante un bando municipal el 13 de junio, contaba con la autorización expresa de la Diputación Provincial de Cuenca (titular de la travesía) y respondía a requerimientos previos del Defensor del Pueblo de España, teniendo por objeto dotar de seguridad vial a una vía urbana cuyas aceras de apenas 20 centímetros “resultan completamente impracticables para cualquier persona”.
La calle Pinar funciona de facto como una travesía urbana de salida hacia el municipio de Zarzuela. Debido a su estrechez física y a las elevadas velocidades a las que circulan habitualmente los vehículos, la presencia de tráfico de doble sentido genera situaciones de alta peligrosidad diaria. Los vecinos han documentado de forma exhaustiva cómo camiones pesados autocargantes y autobuses de gran gálibo invaden de manera sistemática los minúsculos resaltos que simulan ser aceras para poder cruzarse entre sí, colisionando frecuentemente contra los aleros de las viviendas y provocando desprendimientos de tejas y desperfectos en los bajantes de agua de los inmuebles.
“Esta situación obliga a los peatones, entre los que se encuentran personas de avanzada edad dada la cercanía de una residencia para personas mayores, a transitar desprotegidos por el centro de la calzada de rodadura compartiendo el espacio con vehículos pesados y turismos a gran velocidad”, apuntan.
Tras años de denuncias iniciadas en el año 2021 ante el Ayuntamiento de Villalba de la Sierra y la Diputación de Cuenca, la corporación local admitió formalmente en sus escritos la gravedad de la problemática, alegando dificultades reales para la convivencia entre el peatón y el tráfico rodado debido a la intensidad circulatoria y al exceso de velocidad de determinados vehículos. Sin embargo, el pasado 19 de junio —menos de 24 horas antes de la fecha fijada para la implantación de la medida experimental de verano—, el Ayuntamiento emitió un segundo bando en el que daba marcha atrás de forma drástica, acordando mantener la doble circulación existente.
El consistorio justificó esta regresión en la seguridad vial de forma exclusiva en la recepción de una serie de escritos y firmas de vecinos disconformes con las restricciones circulatorias, limitándose a anunciar la futura apertura de un proceso de información pública mientras la situación de peligro físico para los residentes permanece intacta.
“La seguridad física de las personas, amparada por la Constitución y la normativa de accesibilidad, no puede verse subordinada a una recogida de firmas informal de conveniencia”, sostienen con firmeza los vecinos de la Calle Pinar. “El Ayuntamiento sabe y reconoce por escrito que la calle presenta aceras inservibles que ponen en riesgo la vida de los peatones, pero prefiere ceder ante la presión de un grupo de vecinos disconformes antes que velar por el cumplimiento de la ley y por la integridad de los que residimos aquí”.
Reclamación de medidas de mínimos para calmar el tráfico
Para solucionar de forma coordinada el conflicto sin alterar necesariamente la movilidad circulatoria, los vecinos afectados han registrado nuevas instancias de oposición formal ante el Ayuntamiento de Villalba de la Sierra y la Diputación de Cuenca, exigiendo la instalación inmediata de medidas correctoras de mínimos:
- Reductores físicos de velocidad: Demandan la colocación urgente de pasos peatonales sobreelevados y lomos de asno de conformidad con la Orden FOM/3053/2008 o, si la pendiente longitudinal excede del 5%, radares pedagógicos de velocidad y semáforos automáticos de control fotorreceptor que frenen físicamente a los conductores que entran en la calle.
- Limitación estricta de tonelaje: Reclaman la prohibición expresa de paso a camiones de gran gálibo y autobuses pesados de más de 3,5 toneladas, desviando de manera obligatoria dicho tránsito hacia la rotonda de la carretera de Portilla, la cual circunvala el casco urbano y está ubicada a escasos cientos de metros del núcleo de población.
Los residentes recuerdan que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo y de la responsabilidad patrimonial de la administración, tanto el Ayuntamiento como la Diputación de Cuenca se encuentran en una “posición de garante” respecto de la seguridad en las vías públicas bajo su competencia.
“Al tener conocimiento expreso del riesgo real de atropello y de desprendimiento de tejados por los reiterados escritos de queja presentados desde el año 2021, ambas administraciones asumen de forma directa y solidaria la responsabilidad civil e indemnizable ante cualquier daño físico, siniestro o atropello que pudiera producirse en la Calle Pinar debido a su deliberada inactividad técnica”.
Por tales motivos, se ha procedido a trasladar la ampliación formal de la queja ante el Defensor del Pueblo para solicitar amparo y la exigencia de explicaciones técnicas inmediatas al consistorio.
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