Los incendios no empiezan en verano – Enciende Cuenca Noticias

Las imágenes de las últimas semanas, con incendios de gran intensidad, evacuaciones y pueblos amenazados, nos han obligado a hablar de nuestros montes.

Son las mismas preguntas que vuelven después de cada gran incendio. ¿Faltan medios? ¿Deberían estar más limpios los montes? ¿Se declaró tarde un nivel superior de emergencia? ¿Es responsabilidad del cambio climático, del abandono rural, de las administraciones o de los propietarios?

Los incendios forestales son un problema complejo que no puede explicarse por una única causa ni resolverse con una única medida.

Durante mis años como bombero forestal, mi trabajo empezaba cuando el incendio ya se había declarado. Cuando el humo marcaba el horizonte y las llamas avanzaban por el monte, cada decisión podía condicionar la seguridad de mis compañeros y de las personas amenazadas por el incendio.

Hoy, como ingeniero forestal, trabajo en el otro extremo del problema. Mi labor comienza mucho antes de que aparezca la primera llama. Consiste en organizar propietarios, planificar actuaciones, movilizar aprovechamientos, buscar financiación y conseguir que la gestión forestal sea técnica y económicamente viable.

Haber vivido ambas realidades me ha llevado a una convicción muy clara:

Seguimos dedicando demasiada atención al incendio y muy poca al territorio que lo hace posible.

La extinción es imprescindible, siempre lo será. Pero ningún dispositivo, por preparado y profesional que esté, puede sustituir la gestión que no se ha realizado durante los años anteriores.

El cambio climático está creando condiciones cada vez más favorables para los grandes incendios. Pero el clima, por sí solo, no explica lo que ocurre. El abandono del territorio y la falta de gestión forestal han hecho nuestros montes más vulnerables.

No podemos controlar el viento ni las temperaturas. Lo que sí podemos hacer es gestionar el territorio para reducir la continuidad del combustible, proteger zonas estratégicas y crear oportunidades para que los dispositivos de extinción puedan trabajar con seguridad.

Y ahí aparece uno de los grandes malentendidos sobre nuestros montes.

Seguimos hablando de «limpiarlos», cuando lo que realmente necesitan es ser gestionados.

El matorral, la madera muerta o la vegetación arbustiva no son basura. Cumplen funciones ecológicas esenciales: protegen el suelo, albergan biodiversidad y forman parte del funcionamiento natural de los ecosistemas.

El problema no es que exista vegetación, sino cómo está distribuida, cuánta hay, qué continuidad presenta y cómo se relaciona con pueblos, carreteras e infraestructuras vulnerables.

Gestionar un monte no significa eliminar indiscriminadamente la vegetación.

Significa decidir dónde, cómo y con qué objetivo intervenir.

Puede implicar tratamientos selvícolas, pastoreo, aprovechamientos forestales, creación de discontinuidades estratégicas o la protección de las zonas de interfaz entre el monte y los núcleos habitados.

Cada territorio requiere una respuesta distinta. No necesita lo mismo un pinar joven que un encinar adehesado o el entorno inmediato de un pueblo.

Por eso no necesitamos campañas puntuales de «limpieza». Necesitamos una gestión forestal planificada, adaptada a cada territorio y mantenida en el tiempo.

No todos los incendios se pueden apagar.

Existe una idea muy arraigada en el debate público: que cualquier incendio puede extinguirse si se movilizan suficientes medios. No siempre es así. Hay incendios cuyo comportamiento supera temporalmente la capacidad de actuación segura de los dispositivos de extinción. En esos momentos, deja de ser una cuestión de cuántos medios haya disponibles. La verdadera pregunta es si existen condiciones para que puedan intervenir con seguridad.

Por eso, debates como el del llamado «nivel 3» suelen simplificar una realidad mucho más compleja. Declarar una situación operativa superior puede facilitar la coordinación y la movilización de recursos cuando la emergencia lo requiere, pero no modifica el comportamiento del incendio. No reduce el viento, la sequedad de la vegetación ni la intensidad de las llamas.

Es comprensible que, en plena emergencia, la ciudadanía reclame más medios. Pero muchas veces la verdadera limitación no está en la cantidad de recursos disponibles, sino en las oportunidades reales para utilizarlos con seguridad.

Después de haber estado al otro lado, sé que la mejor forma de apoyar a quienes combaten los incendios no es pedirles que hagan lo imposible. Es trabajar durante todo el año para que, cuando llegue el próximo gran incendio, encuentren un territorio donde todavía sea posible intervenir.

La misma lógica debería aplicarse cuando hablamos de inversión.

No existe una cifra universal que permita afirmar cuánto ahorro genera cada euro invertido en gestión. Depende del territorio, del tipo de actuación y de las condiciones en las que finalmente se produzca el incendio.

Lo que sí sabemos es que los costes de un gran incendio no terminan cuando se retiran los medios de extinción. Continúan durante años e incluyen la pérdida de aprovechamientos forestales, los daños sobre viviendas e infraestructuras, la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y los costes de restauración, entre muchos otros.

La Comisión Europea estima que solo los daños sobre propiedades e infraestructuras provocados por los incendios forestales ascienden a unos 2.500 millones de euros al año en la Unión Europea. Y esa cifra ni siquiera incluye por completo la pérdida de servicios ecosistémicos ni otros costes sociales y ambientales.

Por eso invertir en prevención no consiste únicamente en gastar hoy para ahorrar mañana. Consiste en transformar una parte del coste inevitable de los incendios en empleo rural, actividad económica, gestión forestal y un territorio mejor preparado para el futuro.

Hasta ahora he hablado de incendios. Pero limitar este debate a la prevención y la extinción sería quedarse solo con una parte del problema.

Los incendios forestales ya no afectan únicamente a masas forestales alejadas. Cada vez con más frecuencia amenazan núcleos habitados, urbanizaciones e infraestructuras críticas. Cuando esto ocurre, los dispositivos de extinción deben destinar una parte importante de sus recursos a proteger a la población y organizar evacuaciones, condicionando por completo la estrategia de intervención.

Si no somos capaces de invertir en nuestros montes por la biodiversidad que albergan, el agua que regulan o el carbono que almacenan, hagámoslo por las personas que viven junto a ellos.

Un monte gestionado protege al mismo tiempo el medio ambiente, la economía rural y la seguridad de quienes habitan el territorio. Y esa gestión tampoco es solo una política ambiental. Es también una política económica.

A menudo olvidamos que la gestión forestal no solo cuida el monte, sino que también sostiene empleo. Necesita cuadrillas forestales, empresas de aprovechamientos, industrias de la madera y muchos otros profesionales que mantienen vivo el territorio.

Cuando desaparece la actividad forestal y agraria, disminuye la presencia de personas trabajando sobre el territorio. Cuando desaparecen los aprovechamientos, aumenta la acumulación de combustible.

Cuando el monte deja de generar valor, muchos propietarios dejan de invertir tiempo y recursos en gestionarlo.

Y un monte que deja de gestionarse se vuelve cada vez más vulnerable frente a los grandes incendios. Por eso, la prevención también es una política de empleo, de industria, de cohesión territorial y de lucha contra la despoblación.

Invertir en el monte significa generar oportunidades precisamente allí donde más se necesitan. Porque no podemos pedir que las personas permanezcan en el medio rural si no somos capaces de ofrecerles razones para hacerlo.

En mi trabajo en Dendron he comprobado que la inmensa mayoría de los propietarios no necesita que alguien le convenza de cuidar su monte. Lo que necesita es saber por dónde empezar y contar con el apoyo necesario para hacerlo posible.

En muchas provincias españolas, una parte muy importante del territorio forestal pertenece a propietarios privados. Esta fragmentación dificulta enormemente la gestión. Una parcela de pocas hectáreas rara vez dispone, por sí sola, de la superficie o los recursos necesarios para actuar.

Pero el fuego no entiende de parcelas, referencias catastrales ni linderos. Se propaga a escala de paisaje. Por eso necesitamos organizarnos, no para culpabilizar a los propietarios, sino para gestionar el territorio con una escala acorde a la realidad del problema.

Aquí es donde las asociaciones de propietarios y otras fórmulas de gestión agrupada adquieren todo su sentido. Permiten planificar actuaciones conjuntas, reducir costes, mejorar la comercialización de los productos forestales y acceder a financiación que difícilmente llegaría a parcelas aisladas.

Organizarse lleva tiempo. Precisamente por eso debemos empezar ahora. Porque el momento de interesarse por un monte no es cuando el fuego aparece en la parcela vecina.

Nada de lo anterior será posible sin una visión a largo plazo.

Los montes evolucionan durante décadas, no durante una legislatura. Por eso necesitamos políticas estables, apoyo técnico continuado y herramientas que faciliten la gestión agrupada.

Una masa forestal no se transforma en cuatro años, una asociación de propietarios no se consolida con una única subvención y una actuación preventiva pierde eficacia si no se mantiene en el tiempo.

Los árboles no conocen los calendarios electorales. Los incendios tampoco.

Las administraciones tienen un papel irrenunciable. Deben marcar la estrategia, simplificar procedimientos y garantizar que la gestión responda al interés general.

Para hacerlo de verdad necesitan abandonar la lógica de las convocatorias aisladas y trabajar con presupuestos plurianuales, apoyo técnico permanente y objetivos evaluables a diez, veinte o treinta años.

La política forestal no puede activarse únicamente después de un verano especialmente grave. Debe coordinarse con las políticas de empleo, industria, desarrollo rural, protección civil y ordenación del territorio, porque todas ellas dependen de que nuestros montes sigan siendo espacios vivos, productivos y seguros.

La inversión forestal no puede depender de la gravedad del último incendio ni de la proximidad de las siguientes elecciones.

Ese esfuerzo solo será posible si propietarios, administraciones y empresas colaboran para movilizar inversión hacia actuaciones reales y verificables que mantengan vivos nuestros montes y las comunidades que dependen de ellos.

Pero esa responsabilidad debe repartirse con claridad. Las administraciones deben establecer una estrategia estable y crear las condiciones para que la gestión sea posible. Los propietarios deben conocer sus montes, organizarse y participar activamente en las decisiones que afectan a su territorio.

Las empresas también tienen un papel relevante. Forman parte de la sociedad, dependen directa o indirectamente de los recursos naturales y pueden canalizar una parte de los recursos económicos de esa sociedad hacia la conservación de los servicios que prestan nuestros montes.

A través de la colaboración público-privada pueden financiarse actuaciones reales, medibles y verificables mediante el patrocinio de proyectos, la certificación forestal, la puesta en valor de los servicios ecosistémicos o la inversión vinculada al territorio.

Esta financiación privada no debe sustituir la responsabilidad pública ni trasladar al mercado la conservación de nuestros montes. Debe complementar el esfuerzo de las administraciones y de los propietarios, ampliar las actuaciones y permitir que se mantengan durante más tiempo.

La colaboración público-privada no significa que lo público se retire. Significa que establece una estrategia y consigue que nuevos recursos se sumen a ella.

El agua que regula un monte, el carbono que almacena, la biodiversidad que conserva o la protección que ofrece frente a la erosión benefician al conjunto de la sociedad. Si queremos mantener esos servicios, debemos asumir colectivamente el coste de gestionarlos.

El reto exige que cada parte cumpla su función: administraciones que planifiquen más allá de una legislatura, propietarios dispuestos a organizarse y empresas capaces de convertir una parte de su compromiso ambiental y social en inversión real sobre el territorio.

Quizá por eso hoy veo mi profesión de una manera muy distinta a cuando era bombero forestal.

Sé que la verdadera protección del territorio comienza mucho antes, cuando un propietario decide conocer mejor su monte.

Continúa cuando varios propietarios entienden que juntos pueden gestionar lo que por separado resulta imposible. Requiere administraciones capaces de sostener políticas a largo plazo, empresas dispuestas a invertir en actuaciones reales, medibles y verificables, y una sociedad que comprenda que los beneficios que nos ofrecen los montes no aparecen por sí solos, sino que dependen del trabajo constante de muchas personas.

Durante mis años como bombero forestal, mi trabajo empezaba cuando aparecía el humo. En ese momento ya no había tiempo para organizar propietarios, planificar tratamientos o buscar financiación. Solo quedaba proteger a las personas, defender los pueblos y encontrar una oportunidad para detener el fuego sin poner en riesgo a quienes trabajaban frente a él.

Hoy trabajo en una fase mucho menos visible, cuando todavía no hay llamas, evacuaciones ni titulares. Es precisamente entonces cuando un propietario puede tomar una de las decisiones más importantes para el futuro de su monte: dejar de verlo como una parcela aislada y empezar a formar parte de una gestión común.

Sé que no es sencillo. Muchos propietarios han heredado montes que apenas conocen, viven lejos de ellos o no encuentran rentabilidad suficiente para gestionarlos. Otros llevan años enfrentándose a trámites, costes y dificultades que terminan desanimando cualquier iniciativa.

Por eso no se trata de señalarles como culpables, sino de pedirles que no permanezcan al margen.

Un propietario quizá no pueda transformar por sí solo el paisaje. Pero sí puede dar el primer paso para organizarse con quienes comparten el mismo territorio.

Puede interesarse por el estado de su monte, participar en una asociación, facilitar la agrupación de parcelas y exigir a las administraciones y a los profesionales las herramientas necesarias para gestionarlo.

Esperar también es una decisión. Y, demasiadas veces, significa que el monte llegará al próximo verano igual que llegó al anterior.

No podemos decidir cuándo se producirá el próximo gran incendio. Pero sí podemos decidir qué territorio encontrará cuando llegue.

Podemos elegir entre seguir acumulando abandono y combustible o construir paisajes mejor gestionados, economías rurales más fuertes y pueblos mejor preparados.

Durante años combatí incendios cuando ya habían comenzado. Hoy estoy convencido de que una de las mejores formas de ayudar a quienes tendrán que enfrentarse al próximo es trabajar mucho antes, cuando todavía estamos a tiempo de cambiar el territorio.

Porque la prevención no empieza cuando aparece la primera llama.

Empieza cuando un propietario decide no dejar solo a su monte.