Este, amigo lector, no va a ser un artículo de opinión sesudo y transgresor, solo pretende ser un homenaje. Cuando vemos por televisión las imágenes de un incendio forestal, es fácil quedarse con la espectacularidad de las imágenes. Sin embargo, detrás del humo hay personas de carne y hueso que corren en dirección contraria al pánico general. Son los bomberos forestales, un colectivo al que la sociedad aplaude en los peores días del verano, pero al que las administraciones públicas mantienen en una situación de olvido y precariedad insostenible. Para hacerles un tributo de verdad, hay que dejarse de discursos bonitos y hablar de sus dos grandes realidades: la falta de reconocimiento socioeconómico y el veneno silencioso que se meten en los pulmones.
Para entender su situación, lo primero es no confundir un bombero urbano —el bombero funcionario de un parque de ciudad— con un bombero forestal. Los forestales se enfrentan a incendios en entornos naturales, lo que exige una forma física muy superior a la media y un entrenamiento constante para aguantar jornadas durísimas de hasta doce horas caminando por terrenos abruptos bajo un calor extremo. A pesar de esta exigencia y del valor que demuestran, sus condiciones son radicalmente peores. Debido a la descentralización de las competencias, existe una brecha salarial injustificable entre comunidades.
Mientras que en Cataluña un bombero de la administración puede alcanzar una horquilla de entre 2.970 y 3.309 euros brutos al mes, en Castilla y León o Canarias el sueldo bruto apenas llega a los 1.500 euros. En Madrid, gestionados por la empresa pública TRAGSA, la situación es sangrante: cobran sueldos netos de 1.280 euros mensuales, una cifra que se queda a escasos cien euros por encima del salario mínimo interprofesional. Además, el 40% de la plantilla trabaja solo cuatro meses al año bajo la figura del fijo discontinuo: dos palabras que significan exactamente lo contrario para definir una figura laboral tan hipócrita. Se les contrata para apagar el fuego en verano, pero se prescinde de ellos en invierno, ignorando que los incendios se previenen limpiando el monte durante todo el año.
Con el cambio climático y los veranos más largos que estamos sufriendo, además de las lluvias tan incongruentes que nos asolan últimamente, los incendios van a ir a más, y el control, la prevención y la extinción debe convertirse en una prioridad de una sociedad que quiera seguir respirando. No podemos olvidar que por cada euro destinado a prevención se ahorran 100 euros en incendios. Y tampoco quiero terminar este artículo sin hablar de ese gran hijo de puta: ese que madruga o trasnocha un día para pegarle fuego a un trozo de nuestro hogar; ese que, vete tú a saber por qué lo hace, decide darle trabajo a los bomberos forestales de la
manera más ruin posible; ese que, si fuese por mí, no volvería a ver la luz del sol sin unos barrotes delante de sus ojos. Pero si las cifras y la maldad indignan, el impacto en su salud asusta. Estos profesionales no solo se exponen al peligro evidente del fuego o a sufrir un golpe de calor. El verdadero enemigo es invisible y viaja en el humo. La evidencia científica es tan contundente que la Organización Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasifica esta profesión en el Grupo 1, el nivel de máximo riesgo por exposición a agentes cancerígenos. El hollín, el benceno y los tóxicos del humo atraviesan la ropa de trabajo habitual y entran directamente por la piel. Esto se traduce en una realidad durísima: su esperanza de vida es de siete a ocho años menor que la del resto de la población. Además, debido a la falta histórica de protocolos y de ropa de recambio, ha sido habitual que tuvieran que llevarse el uniforme contaminado a sus casas para lavarlo en la lavadora familiar, exponiendo también a sus hijos al mismo veneno.
La Ley 5/2024 básica de bomberos forestales y el reciente Real Decreto de prevención de riesgos laborales son pasos necesarios sobre el papel. Pero no pueden quedarse en un trámite de despacho. Es obligatorio que las empresas y administraciones asuman la descontaminación de los equipos, los relevos obligatorios y una vigilancia médica real. El trabajo de proteger nuestras vidas y la naturaleza no puede seguir saliendo tan barato a costa de la salud de los trabajadores. Cuando se apaguen los incendios, lo que este colectivo necesita no son palabras de agradecimiento; son contratos estables durante todo el año, sueldos dignos y la certeza de que su vida vale más que el coste de la extinción.
El bombero forestal no necesita que lo convirtamos en un mito literario para justificar su valor. La espectacularidad de su oficio no está en la épica de los discursos políticos, sino en la realidad brutal de aguantar doce horas de pie abriendo líneas de defensa a golpe de pulaski, con el calor del fuego en la cara, los pulmones al límite y el peso de un equipo que se va contaminando minuto a minuto. Su verdadero mérito es estrictamente humano: saber que se juegan la salud y el futuro en cada campaña a cambio de condiciones que rozan el salario mínimo en demasiados rincones del país. Respetar su labor exige dejar atrás los aplausos estacionales de tres meses y asumir de una vez por todas que la dignidad laboral de estos profesionales no es un coste negociable, sino la única respuesta justa para quienes se quedan protegiendo el terreno cuando todo lo demás se ha evacuado.
Fuentes e investigación consultada:
Normativa legal: Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales y Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 5/2024 en materia de prevención de riesgos laborales (Ministerio de Trabajo y Economía
Social), que regula las jornadas máximas, relevos y prohíbe el lavado doméstico de los EPIs.
Documentación de salud laboral: Guía «Cáncer Cero en prevención y extinción de incendios» (Secretaría de Salud Laboral de CCOO, 2024) , donde se recogen los datos de la IARC (Grupo 1 de cancerígenos) , la absorción dérmica de los componentes del humo y los estudios de reducción de esperanza de vida.
Información periodística y datos salariales: Reportajes de Senda Norte (abril de 2025) sobre las movilizaciones contra TRAGSA y la precariedad en la Comunidad de Madrid ; y datos de León24horas (agosto de 2025) basados en el estudio de El Periódico de Catalunya sobre la brecha salarial de hasta 1.500 euros entre las diferentes autonomías.
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