El Partido Comunista de España (PCE) en la provincia de Cuenca ha presentado un recurso de reposición contra el convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Cuenca, ADIF y el Ayuntamiento de Tarancón al respecto de los suelos ferroviarios, al considerar “que vulnera la legalidad urbanística y supone un grave ataque al futuro del ferrocarril público”.
La organización comunista se incorpora además a la campaña de alegaciones promovida por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social, reforzando así una respuesta colectiva frente a este proyecto.
El recurso que ha sido registrado tanto por la organización provincial del PCE como por militantes a título individual, denuncia que este convenio presenta múltiples irregularidades de fondo y de forma. “En primer lugar, señalan que no ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Tarancón, órgano competente para este tipo de acuerdos, lo que podría suponer su nulidad de pleno derecho. Además, tampoco existe planeamiento urbanístico aprobado que respalde las actuaciones previstas, reconociéndose incluso en el propio proceso administrativo la necesidad de redactarlo posteriormente.” En palabras de Pablo García, secretario provincial del partido.
Por otro lado, Pablo García, también alerta de que no se ha garantizado la participación pública de la ciudadanía, vulnerando derechos fundamentales recogidos en la legislación urbanística y de procedimiento administrativo, al no someterse el convenio a los preceptivos procesos de información pública.
Otro de los puntos que destacan desde la organización comunista es que la clausura de la línea ferroviaria se ha producido desde Tarancón a Utiel. Por lo que, en el término municipal de Tarancón, sigue en funcionamiento desde la estación hacia Aranjuez. “No se puede aprobar un convenio que plantea desmantelar una infraestructura que está formalmente en uso, que no ha sido clausurada por ningún gobierno”. Con lo cual, afirman desde el PCE, se estaría cometiendo una ilegalidad.
En este contexto, desde el Partido Comunista en Cuenca se reivindica la necesidad de priorizar el interés general frente a operaciones especulativas, defendiendo un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de los servicios públicos y la movilidad sostenible, bajo la consigna clara de “menos especulación y más ferrocarril público”.
El recurso solicita, además, la suspensión cautelar de cualquier actuación derivada del convenio, ante el riesgo de que se produzcan daños irreversibles, como el desmantelamiento de infraestructuras ferroviarias que harían inviable la recuperación futura del servicio.
Desde el PCE de Cuenca hacen un llamamiento a la ciudadanía y colectivos sociales a defender el ferrocarril público como un servicio esencial para el desarrollo territorial, la cohesión social y la movilidad sostenible en la provincia.
