Gracias a la minoría independentista en España está de moda la igualdad. Emiliano García-Page no se cansa de hablar de ella. Hasta el punto, que en su discurso de fin de año manifestó estar en política por “el ansia de igualdad, el deseo de una España más igual, más cohesionada”.
Sería fantástico que ese anhelo de igualdad proclamado por el presidente de Castilla-La Mancha, inspirara el contenido de las políticas del gobierno regional. Pero la realidad desmiente las palabras. Las encuestas sobre distribución de ingresos ponen de relieve que los ingresos medios más elevados (mayor igualdad), se dan en País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña. Por el contrario, Castilla-La Mancha se encuentra entre las cinco autonomías con más desigualdad de ingresos.
Si se examina la desigualdad de la región mirando la pobreza, el resultado es preocupante. Cuando el promedio de población en riesgo de pobreza en España es del 20 por cien, Castilla-La Mancha tiene un 26,1 por cien. Se trata de 545.229 personas que viven con bajos ingresos, o sufren privación material severa, o viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja. Según los datos, hay más población en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha que en Cataluña (14,5 por cien), en Madrid (14,8 por cien), el País Vasco (12,2 por cien) o Navarra (10.9 por cien).
En su disertación de fin de año, García-Page también manifestó su orgullo por la salud regional “tenemos una sanidad que ya la quisieran para sí otras autonomías”. Sin embargo, los datos contradicen su afirmación. Durante los años 2018 a 2021, aumentaron en Castilla-La Mancha la proporción de hogares y personas afectados por problemas de exclusión social en materia de salud.
Los informes señalan que el 18,7 por cien de los hogares y el 16,5 por cien de la población castellanomanchega experimentaban una situación de exclusión en salud. Lo alarmante es que haya una proporción mayor a la registrada en 2018, cuando afectaban al 13,8 por cien de los hogares y el 14 por cien de las personas.
Es grotesco que Emiliano García-Page alardee de igualdad y diga estar orgulloso de la sanidad cuando 344.658 personas dejaron de comprar medicinas, prótesis, o no siguieron los tratamientos o dietas prescritos, por problemas económicos.
A la vista de los expuesto, hay que levantar la voz para que el gobierno regional promueva políticas que protejan la igualdad y los derechos consagrados por la ley fundamental. La ciudadanía castellanomanchega, fiel a la Constitución Española de 1978, está legitimada para exigir al ejecutivo regional que afronte el gran problema de desigualdad que existe en Castilla-La Mancha. Hay que reclamar al gobierno de García-Page que respete la Constitución, redistribuya los recursos que el sistema económico produce y deje de manipular para hacer inofensivo al pobre.
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