Este primero de mayo salimos de nuevo a las calles las mujeres junto a nuestros compañeros para reclamar lo mismo que llevamos reclamando desde hace años junto a sindicatos, movimientos sociales y partidos: derechos laborales y salariales para las trabajadoras y los trabajadores.
Uno de los focos ha estado puesto durante este año en las demandas de las trabajadoras del sector de limpieza y de la ayuda a domicilio en Castilla-La Mancha (mujeres prácticamente todas en un sector ampliamente feminizado) en lucha por su convenio colectivo, caducado desde 2021.
Sus paros y sus concentraciones a las puertas de los centros de trabajo han encontrado en ocasiones poca repercusión, pero en otras han levantado una oleada de solidaridad en los usuarios porque no debemos olvidar que esta es una de las consecuencias de la privatización desbocada de los servicios públicos; unos servicios que deben ser considerados como esenciales y que con la contratación externa se ven abocados a un detrimento en sus contratos y remuneraciones.
En la pandemia fueron quienes sostuvieron el sistema y fueron muro de contención poniendo el cuerpo, se enfrentaron a sus tareas de una forma que consideramos heroica con recursos escasos, para pasar a ser olvidadas cuando la vida volvió a las antiguas costumbres y así en sus convenios y condiciones no se vio reflejado en ningún momento esta consideración y reconocimiento. En las calles y en las instituciones reclamamos la urgencia de reconocer su valor social y contributivo en convenios, pero también a través de contratos dignos y sueldos justos.
La defensa de los servicios públicos es una bandera que tenemos enarbolada desde la izquierda y su gestión desde lo público es el complemento indispensable sobre el que tenemos la obligación de mantener y actuar en consecuencia. Y en concreto, en cuanto a la generación de empleo digno en la atención y prevención de la violencia de género. Porque no podemos permitirnos que en Castilla-La Mancha, donde se atiende aproximadamente a 23.000 mujeres al año en los 84 centros que tenemos en nuestra región con asistencia jurídica y psicológica a víctimas de violencia, esta atención sea llevada a cabo por 298 profesionales, de las cuales como plantilla de la Consejería de Igualdad (datos DERA de 2020 para organismos de Igualdad) solo estén 35. ¿Cómo está el resto?. Una cifra irrisoria que supone que el resto del personal está contratado mediante la externalización, privatización o por programas.
A la merma de las condiciones salariales o retributivas de estas trabajadoras privatizadas hay que añadir la imposibilidad de seguimiento y coordinación de los casos atendidos con una plantilla inestable y en condiciones de precariedad y temporalidad que no pueden ser asumidos de ninguna manera por las administraciones locales, autonómicas y estatales.
En este primero de mayo también es el momento de exigir que se elimine la discriminación laboral de las profesionales adscritas a los servicios públicos de prevención y de atención a la violencia de género porque de otra forma suponen excluirlas del principio de que los servicios públicos estables deben estar atendidos por personal público estable, no nos basta con anuncios sobre habilitación de solares para centros de crisis 24 horas queremos dotarlo de empleo digno con derechos y con seguridad para que las administraciones sean la punta de lanza de la defensa y garantía de todos los derechos de las mujeres.
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