En el cierre de la Semana de Lucha contra la Ganadería Industrial, alrededor de 120 municipios se han sumado a esta iniciativa para mostrar su rechazo a este modelo de ganadería. Mientras que en los pueblos afectados la gente ha salido a concentrarse en los entornos de las macrogranjas o en lugares simbólicos o emblemáticos relacionados con éstas, en los urbanos se han llevado a cabo charlas, mesas informativas, solicitudes de moratorias, performances, concentraciones, manifestaciones, flashmobs, marchas, talleres y reuniones informativas, entre otros. Pero en todas ellas había un elemento común, la demanda de acabar con la ganadería industrial: #NiEnTuPuebloNiEnElMio.
“Esta semana de protesta ha tenido un carácter descentralizado para dar voz a los municipios afectados, visibilizar que el problema no está localizado en un sitio, sino al contrario, que está muy extendido, y que la oposición y el rechazo en los diferentes territorios es fuerte pese a que estas macrogranjas se construyen en pueblos pequeños sin mucha población para encontrar mayores facilidades a la hora de instalar estos proyectos”, explica la organización.
Según la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, promotora de esta semana de lucha, “el año 2022 debe marcar el punto de inflexión en el predominante y destructivo modelo de ganadería industrial, por ello solicita una moratoria que paralice las licencias a nuevas explotaciones industriales, así como la ampliación de las ya existentes, en tanto no se defina y se ejecute un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva, que debería someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica que valore de forma detallada y rigurosa el impacto ambiental acumulado de la ganadería intensiva”.
De esta forma, Stop Ganadería Industrial valora muy positivamente los actos llevados a cabo durante esta semana y la cantidad de plataformas, asociaciones, colectivos, organizaciones y movimientos que se han sumado a ella. “Esto es una buena muestra del rechazo generalizado que existe hacia este modelo en todo el Estado español y estas cosas nos deberían hacer reflexionar, ya que aunque por escrito exista normativa que regula este tipo de proyectos, en la práctica no se cumple y las administraciones no vigilan que se cumpla. Y esto es lo que los vecinos y vecinas de los pueblos venimos a denunciar. Si no se puede vigilar, ¿es el momento de seguir concediendo licencias a estas explotaciones?”, apuntaba Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora.
“Se están llevando a cabo unas medidas económicas, ambientales y sociales que para nada van orientadas a aminorar los efectos del cambio climático ni otros impactos ambientales como, por ejemplo, la contaminación del agua. Por ello piden que Gobierno y autonomías tomen conciencia de una vez sobre la situación de la crisis ambiental existente y piensen en nuestro futuro y el de las generaciones venideras”, apuntan.
“Esperamos que las voces de la gente que ha participado en esta semana de protestas se tengan en cuenta y que las administraciones jueguen su papel para parar este modelo depredador de recursos y que acaba con la vida rural”, ha demandado Lozano.
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