El déficit de Castilla-La Mancha se sitúa en el mes de marzo en los 411 millones de euros, el 0,99% del Producto Interior Bruto, según los datos facilitados por las comunidades autónomas al Ministerio de Hacienda.
De esta cifra, al menos 106 millones de euros son achacables a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19, según los datos remitidos al Gobierno central.
La necesidad de financiación de Castilla-La Mancha se ha incrementado en 291 millones en el último año en el que todas las autonomías, excepto Navarra, están en números negativos. Comunidad Valenciana, Madrid y la propia Castilla-La Mancha encabezan el ranking de deuda en el mes de marzo.
Déficit conjunto de la Administración central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (marzo)
Hasta marzo de 2021, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, se sitúa en 15.527 millones equivalente al 1,28% del PIB.
Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit asciende al 1,29 % del PIB.
Administración Central
El déficit de la Administración Central se sitúa en 10.778 millones a finales de marzo de 2021, el 0,89% del PIB. – El déficit del Estado en marzo, en términos de PIB, equivale al 0,87%, alcanzando la cifra de 10.496 millones.
Los Organismos de la Administración Central registran a finales del mes de marzo un déficit de 282 millones, frente al déficit de 448 millones de marzo de 2020, lo que supone un descenso del 37,1% interanual.
Comunidades Autónomas
La Administración regional registra un déficit en marzo de 3.486 millones de euros, lo que equivale al 0,29% del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los gastos del 4% frente a un aumento de los ingresos del 2,3%.
Entre los ingresos destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que crecen un 3% alcanzando la cifra de 3.464 millones. También aumentan los ingresos por impuestos sobre el capital en un 67,7% hasta alcanzar los 768 millones. Por otra parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio caen un 1,5% hasta los 11.964 millones.
Las transferencias entre AAPP crecen un 3,8% hasta los 24.122 millones, provocado por las mayores transferencias recibidas por el Estado, que representan el 48,3% de los recursos del sector.
Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 8% (1.515 millones) debido, entre otras razones, al mayor del número de efectivos, en educación y sanidad. Los consumos intermedios crecen un 0,6% hasta los 8.044 millones, de los cuales 5.155 corresponden al ámbito sanitario.
Las subvenciones crecen un 19,8% hasta los 677 millones por el incremento de las ayudas al transporte, lo que se compensa con el descenso de los intereses, que caen un 16,1%.
Las transferencias sociales en especie retroceden un 0,3% hasta los 7.175 millones por el descenso del gasto en farmacia y del gasto en conciertos sanitarios y educativos. Por último, la inversión crece un 8,1% respecto a 2020, alcanzando los 3.175 millones.
De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 1.889 millones corresponden hasta marzo a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19.
