El Gobierno de Castilla-La Mancha busca incrementar la rentabilidad del olivar de la Comunidad Autónoma, “segunda región productora de España y del mundo de aceite de oliva”, según ha destacado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Con este objetivo, ha suscrito un convenio con la organización SEO BirdLife.
Se trata del proyecto LIFE Olivares Vivos que, además, permite recuperar la biodiversidad de la zona, motivo por el cual el consejero ha señalado que el acuerdo es “esencial” porque “Castilla-La Mancha, hoy en día, tiene más superficie de olivar que de viñedo”, concretamente 450.000 hectáreas, “la mayor parte de secano y de bajo rendimiento”.
Para contribuir al mantenimiento de este cultivo “estamos aplicando, en este momento, una línea novedosa en toda España” que consiste en una ayuda directa de 42 euros por hectárea para los olivares que cuentan con menos de 100 árboles por hectárea y con una pendiente de más del 25 por ciento. Esto supone que “alrededor de 155.000 hectáreas, van a recibir una ayuda extra”, ha explicado Martínez Arroyo, que ha afirmado que es “más pequeña de lo que hubiéramos querido, pero un comienzo para diferenciar el olivar de bajo rendimiento”.
El consejero ha defendido que participar en este proyecto coincide “con la iniciativa de preservar los olivares de bajo rendimiento en la PAC”. En este sentido, ha apuntado que “Olivares Vivos contribuye a la economía de los pueblos de Castilla-La Mancha y, de igual manera, a preservar la biodiversidad”, de forma que la conservación de la naturaleza y del paisaje sea un valor para los municipios de la región. “Muchos de nuestros olivicultores están haciendo las cosas bien con el aceite de oliva virgen extra y queremos que redunde en su economía y en la de los consumidores, como objetivo en el que trabaja el Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha insistido.
Junto al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ha suscrito el convenio la directora ejecutiva de SEO BirdLife, Asunción Ruiz, en presencia de la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce; y la directora general de Políticas Agroambientales, Silvia Nieto.
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