El pasado sábado la Asociación de Vecinos y Jubilados de Naharros organizó una charla informativa en Torrejoncillo del Rey para analizar las implicaciones ambientales, sociales y territoriales de las macroplantas de biometano. Participaron integrantes de Pueblos Vivos Cuenca (organización adherida a Stop Ganadería Industrial), el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Máximo Florín y la representante de Stop Biometano Belmonte de Tajo Yolanda Oreja.
La sesión tuvo lugar tras conocerse que existen dos empresas interesadas en instalar sendas plantas de biometano en el término municipal. Una de ellas ya cuenta con el informe favorable de compatibilidad urbanística y la otra ha tenido contacto de carácter informativo con el Ayuntamiento mostrando su interés en explicar una posible propuesta, según informa Pueblos Vivos en nota de prensa.
El encuentro reunió a numerosos vecinos de Torrejoncillo del Rey y sus pedanías, destacando los de Villarejo Sobrehuerta, Horcajada de la Torre y Naharros, interesados en resolver dudas sobre el funcionamiento de este tipo de instalaciones y el posible impacto social y ambiental en sus respectivas poblaciones. Las organizaciones convocantes exigieron una adecuada planificación territorial, transparencia administrativa y respeto a los límites ambientales de cada comarca.
El pasado 21 de mayo la alcaldesa lanzó un comunicado donde definió el proyecto como “una cuestión inexistente administrativamente”. Más tarde, en el último pleno municipal el pasado 19 de junio, la alcaldesa informó sobre la tramitación de una de las macroplantas: “Hace ya más de un año una empresa solicitó un informe de compatibilidad urbanística sobre una posible ubicación. Al no tener este Ayuntamiento planeamiento propio, la consulta la tramitó la Diputación con un informe favorable desde el punto de vista urbanístico“.
Con este informe la empresa promotora puede iniciar el procedimiento de evaluación ambiental con el gobierno regional. En dicho pleno no se dio a conocer los nombres de las dos empresas implicadas a pesar de ser una de las preguntas planteadas en el turno de ruegos y preguntas por la Asociación de Vecinos y Jubilados de Naharros, que exige la debida transparencia y publicidad.
Pueblos Vivos indica que “Torrejoncillo del Rey y los pueblos de su entorno llevan años conviviendo con los impactos derivados de la concentración de macrogranjas y de la gestión de sus purines, sobre todo del municipio limítrofe de Huerta de la Obispalía”. Durante la jornada se recordó que esta realidad ya ha sido objeto de diversos procedimientos judiciales.
En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló una autorización ambiental de una explotación porcina en Torrejoncillo del Rey al apreciar deficiencias relevantes en la evaluación ambiental. En el voto particular de aquella resolución se hacía referencia a informes sanitarios que acreditaban la contaminación por nitratos del agua destinada al abastecimiento de la población.
Posteriormente, en 2023, el mismo Tribunal volvió a anular la autorización ambiental de una explotación porcina en Huerta de la Obispalía al considerar insuficiente la evaluación de los efectos acumulativos derivados de la concentración de macrogranjas y de los riesgos asociados a la gestión de los purines sobre las aguas subterráneas.
La última analítica reportada por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey al SINAC-Ministerio de Sanidad refleja un nivel de nitratos en el agua del grifo de 85 mg por litro, cuando el máximo para que sea potable es de 50 mg/l. Esta situación de contaminación se repite desde 2022.
Persisten las denuncias por vertidos de purines
Durante el coloquio, varios vecinos de la pedanía de Villarejo Sobrehuerta denunciaron que continúan produciéndose vertidos de grandes cantidades de purines sobre parcelas agrícolas próximas al núcleo urbano.
Según explicaron, en algunos episodios los purines llegan a encharcar completamente las parcelas, una práctica que no está permitida y que incrementa el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas, además de provocar molestias continuas por olores y abundantes moscas.
Los asistentes manifestaron su preocupación porque estas situaciones continúan produciéndose pese a las denuncias realizadas durante los últimos años y reclamaron una mayor vigilancia por parte de las administraciones competentes.
Uno de los aspectos que más inquietud generó entre los asistentes fue la necesidad de disponer de una información completa y transparente sobre el proyecto. Los vecinos reclamaron conocer el volumen de residuos que trataría la instalación, su procedencia, el número de camiones previsto, el destino del digestato y los mecanismos de control ambiental previstos durante toda la vida útil de la planta, así como el nombre de las empresas interesadas. Los colectivos vecinales del municipio anunciaron que van a seguir informando a la población sobre este tipo de industrias.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué residuos pretende tratar la planta, de dónde procederán, cómo se gestionará el digestato y cuáles serán las garantías ambientales del proyecto antes de que se adopten decisiones que condicionarán el futuro del municipio durante décadas”, señaló la representante de Pueblos Vivos Cuenca.
En este sentido Pueblos Vivos considera importante que los alcaldes transmitan a la población toda la información que hayan recabado de la empresa que pretende instalarse en su término, polígono y parcela, nombre y cualquier otro detalle relevante que se haya obtenido. La propia Asociación Española del Biogás, AEBIG, patronal del sector, lo recomienda en su código de buenas prácticas.
Desde Pueblos Vivos Cuenca afirman que “o cuestionamos el biogás como tecnología. Lo que cuestionamos es el modelo que se está impulsando, basado en macroplantas que necesitan traer purines y otros residuos desde decenas o cientos de kilómetros porque el territorio no genera suficientes recursos para alimentarlas. Ese modelo que nos intentan imponer convierte a nuestros pueblos en una tierra de sacrificio”.
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