Convenio para la venta por dinero del ferrocarril de los pueblos

La ideología de las autoridades socialistas que gobiernan Castilla-La Mancha gira en torno al dinero. La portavoz en el Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, declaró que quiere que el pleno de la corporación apruebe el Convenio con la Junta de Castilla-La Mancha y el administrador de infraestucturas ferroviarias (ADIF) para que se lleve a cabo el desmantelamiento de la línea Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis y que el Ministerio les dé dinero para urbanizar los terrenos públicos del ferrocarril.

La portavoz municipal y el diputado en el Congreso, Luis Carlos Sahuquillo, bajo las órdenes del vicepresidente del gobierno regional, Martínez Guijarro, permitieron que ADIF redujera a dinero un servicio público de gran valor patrimonial y aceptaron el precio fraudulento que se les ofreció para la venta de una línea que fue de interés general -Madrid-Cuenca-Valencia-, por casi 40 millones de euros.

La reducción del tren a dinero no compensa el perjuicio que ocasiona su supresión y provoca un sentimiento desproporcionado de injusticia. Es un fraude con el que pretenden que no se calibre el valor del servicio público de ferrocarril, que no se aprecie el paisaje único por donde discurre, ni los viaductos imposibles que atraviesa. La influencia degradante de la ideología del dinero ataca la dignidad, vulnera derechos fundamentales y deteriora la calidad de vida de las personas que residen en los municipios rurales abandonados.

La naturaleza oculta del dinero -casi invisible- propicia que en nuestra economía el soborno alcance su forma más perfecta. Por este motivo han sido necesarios años de investigación de la unidad central operativa de la guardia civil (UCO) para desvelar la codicia de la trama de las empresas con el exministro José Luis Ábalos y la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, que a cambio de dinero -mordidas- obtenían las adjudicaciones de obra pública del ministerio.

Esta confabulación de las organizaciones empresariales con el Ministerio y ADIF coincide con una declaración de dudosa legalidad realizada por el vicepresidente del gobierno regional, Martínez Guijarro, señalando que el Ministerio excluyó la participación de las autoridades de los pueblos en el asunto del ferrocarril porque “solo en Cuenca capital había un plan de ADIF para utilizar los terrenos que dejan las vías” (enero del año 2022).

En este inquietante contexto en que los presuntos casos de soborno concurren con la declaración posiblemente ilegal del vicepresidente sobre la exclusión de los pueblos, parece de lo más recomendable que la corporación de concejales del Ayuntamiento de Cuenca no se dejen presionar por la organización empresarial de la CEOE-CEPYME ansiosa de que aprueben el Convenio que propicia la desafectación y privatización de “los terrenos que dejan las vías” (Martínez Guijarro) para darse un pelotazo urbanizando.

A la vista de las tramas de dinero que envuelven el negocio ferroviario, procede actuar con parsimonia y no inducir a más sospechas de corrupción. Por lo tanto, todos los grupos municipales deberían manejar el asunto con cautela, sobre todo teniendo en cuenta que el Convenio que se somete a la consideración del pleno del Ayuntamiento de Cuenca fue preparado con la expresidenta de ADIF y exsecretaria de Estado del Ministerio (entre los años 2018-2023) que el pasado año 2025 fue acusada ante la Audiencia Nacional, por malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

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