El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones fiscales en el juicio contra J.E.M., que durante el proceso ha reconocido que mató su pareja en Tarancón en 2022, ha aceptado aplicar el atenuante de confesión y rebaja de 25 a 23 años y 9 meses la pena que piden por el delito de asesinato, a la que habría que añadir los tres años que se solicitan por tres delitos de lesiones.
Acusación particular, popular y de la Junta de Comunidades se han adherido a la propuesta del Ministerio Fiscal.
El jurado tendrá que valorar cuestiones como si hubo alevosía, es decir, si la víctima pudo defenderse y ensañamiento, si el acusado provocó un sufrimiento innecesario a la víctima. Estos puntos determinarán si se trata de un delito de asesinato, como esgrime la Fiscalía, o un homicidio. También tendrá que determinar otras cuestiones como el reconocimiento de los hechos y los agravantes de género y de parentesco.
Durante las conclusiones, la letrada de a acusación particular ha lamentado que estos hechos “nunca debieron ocurrir”, ya que la víctima entró en el sistema Viogén de vigilancia de los casos de violencia machista y tenía una orden de protección que quedó inactiva después de que el marido fuera absuelto de un delito de malos tratos al renunciar su mujer a declarar contra él.
Por su parte, la defensa ha subrayado la actitud colaborativa de J.E.M. “desde el primer momento” y ha adoptado “una conducta de confesión espontánea y veraz, facilitando la investigación al señalar dónde se encontraba el arma”.
La abogada se ha referido a las declaraciones de uno de los hijos, que aseguró haber visto a ambos progenitores con un cuchillo y ha alegado que el acusado presentó signos de lesiones previas. Pese a eso, ha reiterado que en todo momento se ha mantenido esa postura de reconocimiento de los hechos en lugar de una línea basada en la defensa propia.
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