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Juicio contra una red que llegó a cultivar más de 1.400 plantas de marihuana en viviendas y naves de Valera de Abajo y alrededores


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Juicio contra una red que llegó a cultivar más de 1.400 plantas de marihuana en viviendas y naves de Valera de Abajo y alrededores

Europa Press

La Audiencia Provincial de Cuenca acoge desde este martes un juicio en el que se piden penas de uno a seis años de cárcel, para once acusados de una organización que traficaba con marihuana en Valera de Abajo y alrededores

Según explica la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, en el año 2020 el acusado M.D.M.M., vecino de Valera de Abajo, ideó un sistema para proceder a la plantación ilegal de marihuana en el interior de domicilio en este pueblo y otras localidades próximas. Para ello, contactó con el también acusado S.E.G., que aceptó colaborar en esta actividad.

Juntos contactaron con diversos familiares y vecinos de la localidad para que instalaran en sus domicilios las plantaciones, con el material preciso para ello (focos, aparatos de aire acondicionado, extractores, filtros, paneles eléctricos, macetas…). Los vecinos se encargaban del cuidado, riego y mantenimiento de las plantaciones, así como de la recogida de los cogollos que se obtuviesen, previo pago de la cantidad de dinero estipulada de antemano con ellos, que rondaba, según la Fiscalía, los 1.000-2.000 euros por cosecha, a razón de cuatro o cinco cosechas anuales.

Ante las quejas vecinales e investigación policial consecuente, y tras los oportunos mandamientos judiciales, el 7 de diciembre de 2020 se efectuaron las correspondientes entradas en varios domicilios y naves durante las que se intervinieron más de 1.400 plantas de marihuana, además de enseres de cultivo y otras sustancias ilícitas.

En un almacén propiedad del promotor de la idea se encontró también un rifle Baratti, con la numeración borrada y su correspondiente munición, en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

De esta forma, los acusados se enfrentan a delitos de agrupación criminal, delito contra la salud pública, delito de defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilegal de armas.

El presunto promotor de la trama se enfrenta a una petición de condena de seis años y medio de cárcel y su colaborador en el montaje de la red podría ser condenado a tres, mientras que la petición de condena para los demás va de uno a tres años de prisión según el caso.

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