La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa agradece la puesta en marcha de las ayudas de funcionamiento por parte del Gobierno Central y traslada una serie de recomendaciones de cara a que resulten más efectivas.
En una rueda de prensa a la que han asistido el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña y el de FOES, Santiago Aparicio se ha procedido a la lectura de una carta que se ha enviado al Ejecutivo con el fin de poner en valor el paso dado para alcanzarla necesaria cohesión territorial y a su vez señalar aspectos que consideran importantes para mejorar la efectividad de estas medidas.
Además, también han estado presentes el secretario general de CEOE Teruel, Sergio Calvo, el vicepresidente de CEPYME Teruel, José Guillén, la directora general de FOES, María Ángeles Fernández y el secretario general de CEOE CEPYME Cuenca, Ángel Mayordomo.
Estas son las recomendaciones para las ayudas del funcionamiento, tal y como han sido trasladadas al Gobierno:
1) Aumentar la intensidad de las ayudas: “Siguiendo los anuncios hechos por el Gobierno en las últimas semanas, la cuantía de las ayudas estaría muy alejada de la permitida por la Comisión Europea en las directrices de ayudas de funcionamiento. Además, dependiendo de si se toma como referencia el total de los costes laborales o la base las contingencias comunes, la repercusión que tendría la ayuda es muy diferente. Entendemos que la intensidad de ayuda mínima debería de ser comparable, al menos, a la que se aplica en Noruega, es decir, una reducción de 10 puntos porcentuales en el tipo de cotización social”.
2) Equiparar las empresas de nueva creación y las ya existentes. “Entendemos beneficioso para la consecución de los objetivos de la medida equiparar la intensidad de las ayudas entre empresas ya instaladas en nuestros territorios y empresas que puedan llegar a instalarse en un futuro. La medida afianzaría el empleo ya generado, imprescindible para la cohesión y desarrollo del territorio, e incentivaría la igualmente necesaria, atracción de nuevas inversiones y nuevos trabajadores”.
3) Reconsiderar la modulación territorial: “Compartimos la voluntad que subyace a la hora de primar a aquellos municipios de menor tamaño, si bien, entendemos que la realidad de las condiciones de base imprescindibles para la generación de actividades económicas reduce considerablemente la contribución de las ayudas al fin previsto. Sirva como ejemplo la dotación y localización del suelo industrial, condición de base imprescindible para la implantación de nuevas actividades económicas. Precisamente, las localidades de menor tamaño tienden a resultan las que atesoran una dotación de suelo industrial más escasa, tanto en términos de cantidad como de calidad de los servicios industriales vinculados (gas, fibra, potencia eléctrica, etc.) Somos de la opinión de que la consideración exclusivamente de un criterio cuantitativo en virtud del número de habitantes puede llegar a enmascarar realidades socioeconómicas mucho más complejas, por lo que parecería apropiado plantear una modulación territorial de las ayudas a partir de criterios funcionales más representativos de la diversidad social, económica y demográfica de nuestros pueblos”.
4) Incluir a los trabajadores autónomos: “Valoramos positivamente la inclusión de los autónomos como beneficiarios de las ayudas de funcionamiento y en cuanto a la fórmula, estimamos que la tarifa plana, podría ser una buena medida si la misma se mantuviera hasta que las 3 provincias alcanzasen los 12,5 habitantes por km2. Queremos añadir que los trabajadores autónomos cotizan por contingencias comunes -tal y como lo hacen los trabajadores por cuenta ajena-, por lo que la aplicación de las ayudas al funcionamiento a éstos, en los mismos términos que a las sociedades mercantiles, no solo puede considerarse como ajustada a la norma, sino que supondría amplificar su alcance a un 58,23% más de beneficiarios. En buena medida, son precisamente los trabajadores autónomos -a quienes la Comisión Europea no excluye en la redacción de las directrices-, los que sostienen de forma sustancial la actividad económica, la generación de empleo y, con ello, la población del medio rural más despoblado; siendo éstos, precisamente, los fines perseguidos con la aplicación de las ayudas al funcionamiento”.
Esta carta ha sido remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Dolores Montero, al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
Mediante esta carta se ha querido señalar que es necesario mejorar la intensidad y alcance de las ayudas para corregir los desequilibrios estructurales que tienen las provincias derivadas de sus desventajas demográficas graves y permanentes.
Además, en este escrito a los distintos responsables del Gobierno de España se les solicita el mantenimiento de una reunión con el fin de colaborar en la medida de lo posible con la administración en la búsqueda de la mejor fórmula para la aplicación de estas ayudas y trabajar de manera conjunta para que este logro tenga el mejor resultado para estos territorios despoblados de España.
Logro y peticiones
En este documento se explica que desde la SSPA son conscientes de la gran trascendencia que ha supuesto la modificación e las directrices por parte de Europa, logro al que las CEOE de las tres provincias y los Gobiernos Regionales hemos contribuido de forma determinante y una empresa que no hubiera sido posible sin el respaldo del Gobierno de España en las distintas fases de negociación de la Comisión y con el resto de instituciones Europeas.
Del mismo modo, en estas recomendaciones se explica que “las ayudas al funcionamiento tienen que ser consideradas como parte de un proyecto país, primero por el rol que pueden llegar a alcanzar en la necesaria cohesión territorial de España y en segundo lugar por el factor de competitividad que pueden aportar al país de cara a la atracción parte importante del tejido industrial retorna a Europa procedente de Asia”.
La Red SSPA señala que este análisis previo es necesario y contribuirá a apoyar la toma de decisiones respecto de la aplicación alcance, eficacia del objetivo perseguido y también eficiencia en términos de racionalidad del gasto público y solicita una reunión para seguir trabajando de manera conjunta en la mejor forma de aplicación de estas medidas.
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