Escribo estas líneas sabiendo que, hoy en día, denunciar la indecencia de nuestros gobernantes equivale para algunos a ganarse automáticamente una etiqueta de las que buscan silenciar al mensajero. Sin embargo, como ya expuse en “La dictadura de las etiquetas”, me niego a que el lenguaje secuestre la realidad.
Lo ocurrido en nuestras costas no es un debate de siglas; es el testimonio de una lucha desigual donde la Guardia Civil pone el pecho y el Estado, a veces, parece poner solo la mirada en otro lado. No es fascismo exigir dignidad para el pueblo y denunciar que se envíe a un agente a perseguir una mole de cuatro motores con una embarcación obsoleta; es, simplemente, decencia.
Mira, amigo lector, una cosa es la corrupción, otra cosa es la ideología, otra cosa es hacer mal tu trabajo como político, incluso la desidia o la ineptitud. No voy a valorar esas cualidades tan comunes en la política actual española —quizás otro día, me guardo esa baza—, pero no voy a permitir la indecencia.
Quien ingresa en la Guardia Civil no lo hace engañado. La mayoría lo hace por una vocación inquebrantable y asume que su jornada puede ser un duelo contra el crimen en mitad de la noche. Los agentes saben perfectamente a qué peligros se enfrentan a diario; son conscientes de la naturaleza de su profesión y del sacrificio que conlleva. Sin embargo, existe una línea sagrada que el Estado no debe cruzar: la que separa el riesgo inherente al oficio de la temeridad por abandono. No se trata de que los agentes teman al narco, sino de que el narco ha dejado de temer al Estado porque sabe que nuestras patrulleras son, en muchos casos, dotaciones reducidas, obsoletas y sin los medios necesarios que se reclamaron hace casi un año.
A esta precariedad material se suma una indefensión jurídica asfixiante. Nuestros agentes apenas se atreven a disparar por miedo a las represalias. Hace años leí una estadística reveladora: la policía de Nueva York disparaba más balas en un solo día que toda la policía de Alemania en un año completo. Ni una cosa ni la otra; no quiero cuerpos de seguridad de “gatillo fácil”, pero es terrible que un servidor público no pueda defender su vida sin que el peso de la justicia —de la cual ellos mismos forman parte— caiga sobre ellos con más fuerza que sobre el criminal. Si un guardia saca su arma ante un ataque, se enfrenta a años de juicios y señalamientos por, simplemente, intentar sobrevivir. Y esto, sin mencionar, que los guardias civiles que han muerto luchando contra narcotraficantes, no son considerados “personal de riesgo” para nuestros gobernantes, cosa que un torero sí; estos que venían a salvarnos del maltrato animal.
Produce una vergüenza profunda observar la selección tan minuciosa que hace este Gobierno de sus crisis. Mientras en Canarias se presentaban tres ministros para recibir a los evacuados de un brote de hantavirus, la tragedia de Huelva se resolvía con silencios. Que ningún miembro del Ejecutivo encontrara un hueco para acudir al funeral de dos servidores asesinados es un mensaje de desamparo que retumba más fuerte que cualquier mitin. Los afectados por la DANA de Valencia o los familiares de los guardias civiles aún los están esperando. La foto es la foto; lo que vende en redes sociales es lo que mueve al político actual. Buscan el sueldo y el poder, pero evitan las partes malas del trabajo, especialmente el abucheo.
Ante la pregunta por la precariedad de los agentes, el Gobierno responde sugiriendo que se pregunte a la oposición por su vinculación al narcotráfico, el “y tú más”, esa forma de reconocer que soy jodidamente malo en mi trabajo, pero el otro es peor, nos toman por imbéciles, te lo digo yo. Calificar estas muertes como un “accidente laboral” —como si de un ladrillo caído en el pie de un albañil se tratase— es el cierre de un círculo de cinismo
inaceptable. Al día siguiente, la señora Montero ha intentado matizar sus palabras pasando a llamarlo “esta circunstancia”, que es aun peor; siendo incapaz de reconocer el error evidente, evidente para sus asesores, claro, porque ella no lo vería ni aunque lo tuviese pegado en la frente. Qué triste.
Desde la izquierda hasta la derecha se quejan de la crecida de la extrema derecha, tanto en España como en el resto del mundo, pero son precisamente estas negligencias las que alimentan esos mensajes. Necesito que los políticos nos traten como adultos. Gastar el dinero público en función de la supervivencia política, y no de las necesidades sociales, es la muerte como pueblo. Ya comparé en otra ocasión nuestra sociedad con la tribu de hace milenios; hoy, volvemos a saltarnos el más mínimo sentido común. Lo más hiriente es descubrir dónde fluye el dinero. Entre 2018 y 2024, el gasto en altos cargos y personal eventual creció un 94%. En ese mismo periodo, las subvenciones a sindicatos pasaron de 9 a 32 millones de euros anuales, un incremento del 88% solo entre 2024 y 2025 —así se explica la ausencia de huelgas generales, claro—. Pero la cifra que verdaderamente escandaliza es la de 2025: el “gasto sin control presupuestario” se elevó a 76.077 millones de euros, un 38% del techo de gasto que el Congreso rechazó.
Esta desatención no es un caso aislado. Tenemos a los médicos de huelga, a los maestros cansados de ratios imposibles y a la justicia desbordada. ¿Cuándo se va a plantear la posibilidad de cuidar a los que nos cuidan?. Sé perfectamente que me tacharán de fascista o de extrema derecha. Pero no me importa. No escribo para hacer amigos. Estoy aquí para contar la verdad que los coches oficiales y las fotos con un montón de palmeros detrás pretenden ocultar. Al final, entre la propaganda y la decencia, yo siempre elegiré la decencia.
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