Vivimos anestesiados por una interpretación perversa de la tolerancia: la idea de que toda opinión, por absurda o peligrosa que sea, merece un asiento en la mesa del debate. Bajo el paraguas de un “buenismo” mal entendido, hemos aceptado que la verdad es una democracia donde el dato científico y el delirio absurdo tienen el mismo peso. Pero en este abril de 2026, el Ministerio de Sanidad ha emitido un informe que es, a partes iguales, una obviedad científica y un monumento al ridículo institucional.
Resulta de un humor negro espantoso que nuestros maravillosos políticos hayan necesitado llegar a estas alturas del siglo XXI para concluir, oficialmente, que la homeopatía no es eficaz para tratar ninguna enfermedad. La gran “noticia” es que estos productos acaban de dejar de tener rango de medicamento. Es decir, que, hasta esta misma mañana, el sistema permitía que el azúcar compitiera legalmente en el mismo estante que los antibióticos.
¿Qué será lo siguiente? ¿Un estudio exhaustivo para confirmar que el fuego quema o que el Ratoncito Pérez no trabaja para los dentistas?
Me niego a aceptar que “todas las opiniones son respetables”. Cuando alguien opina a favor de una mentira demostrada, de una falacia o de un pábulo como la “memoria del agua” o que “la tierra es plana”, su opinión no es admisible; es una agresión al conocimiento. No es “cancelación”, es higiene intelectual. El derecho a la libre expresión no incluye el derecho a que la ignorancia se siente a la par que la investigación médica bajo el amparo de la ley. Es la estafa de la equidistancia, me recuerda mucho a la canción de Ojete Calor, “Extremismo mal”.
Mi repulsa aumenta, hasta volverse náusea, cuando esta estafa ha sido alimentada durante décadas por algunos integrantes de la propia rama sanitaria. Que profesionales con títulos universitarios hayan validado o avalado disoluciones infinitesimales mientras el Estado miraba hacia otro lado es una traición al contrato social, además de una estafa económica. Como advertía Francis Bacon, “la duda es la escuela de la verdad”, pero aquí no hubo duda, sino una complicidad lucrativa que se aprovechó de la vulnerabilidad e ignorancia de algunos enfermos mientras la legislación le ponía la alfombra roja.
Es increíble que países llamados “desarrollados” hayan mantenido la impunidad de estos tratamientos durante tanto tiempo. Mientras naciones vecinas ya habían hecho limpieza, nosotros hemos convivido con la mentira oficializada hasta ayer mismo. Esta tardanza no es prudencia; es una negligencia criminal que ha permitido que el prestigio de algunas farmacias se manchara con el residuo de la alquimia del siglo XVIII.
Es hora de romper el cristal de la falsa cortesía social. No podemos permitir que el miedo a parecer “intolerantes” nos impida señalar al charlatán y al experto que le da alas, acordaros de la fábula de “El Tigre y el Burro” y su famoso césped azul. La salud pública debe basarse en evidencias, no en consensos sociales para no herir sensibilidades comerciales. Respetar a las personas es una obligación; respetar sus falacias, cuando estas ponen en riesgo la vida y la razón, es una inmoralidad.
¿Cómo le explicaremos a la próxima generación que, hasta abril de 2026, nuestro país protegió por ley el derecho a vender nada como si fuera todo? La ciencia no es una opinión, y el respeto al ciudadano empieza por dejar de tratar los bulos como si fueran medicina.
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