En el discurso ante las Cortes sobre el estado de la región proclamó el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, que practica “lo que podría denominar una socialdemocracia no dogmática, no fanática, inclusiva”. Afirmó que no tiene “telarañas ideológicas” y se muestra satisfecho de que Castilla-La Mancha tenga el producto interior bruto más alto de la historia y sea la cuarta comunidad autónoma, en crecimiento del producto interior bruto en el 2024 (3,7 % por encima de la media nacional).
Para explicar su éxito subrayó que el planteamiento del Gobierno es que Castilla-La Mancha sea la segunda región con la presión fiscal más baja de España (“no es la primera, por muy poquito”), aunque la situación fiscal en la región no es un impedimento para la justicia.
Sin embargo, la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef) alerta de que este modelo fiscal sostenido sobre la propaganda de las bajadas de impuestos y no sobre la justicia social, es desequilibrado y regresivo.
Castilla-La Mancha al igual que sucede con Madrid, necesita un sistema fiscal justo y no más privilegios para unos pocos. La situación fiscal en la región ocasiona desigualdades de renta, posición y educación tan grandes que en vez de favorecer la democracia y la participación contribuye al deterioro de la condición ciudadana.
La deriva economicista del gobierno de Castilla-La Mancha centrada en el crecimiento y que no va más allá del PIB, produce pobreza. El presidente se olvidó hablar de que en Castilla-La Mancha hay más pobreza y ha empeorado la calidad de vida de una parte importante de la población. En una región que crece económicamente más que nadie y es primera potencia en el sector de las renovables ha aumentado la población en situación de exclusión social .
Mientras que España logró reducir la población en riesgo de pobreza y exclusión, en Castilla-La Mancha han crecido en más de sesenta mil personas, habiendo pasado de 655.700 el año 2023 a 718.200 el 2024. El aumento de la pobreza constituye un hecho estructural que atañe a la constitución de la región. Si es alarmante que la desigualdad y la pobreza aumenten, resulta desolador que el aumento de las personas en situación de pobreza se produzca cuando está teniendo lugar un importante crecimiento económico.
Llama la atención que el crecimiento produzca más hogares con baja intensidad laboral, del 6,8% (el año 2023) suben al 10,7% (el 2024) y, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, las personas que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos aumentan de las 653.100 (el año 2023) a 787.500 (el 2024). De otra parte, se incrementan las personas con retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal, de 210.000 el año 2023 a 231.000 el 2024. Por último, 741.300 personas no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (eran 684.600 el 2023) y aumentan de 178.500 a 180.600 en el 2024 las personas en situación de carencia material y social severa.
Tanta injusticia social perjudica la integración de la ciudadanía y no contribuye el buen funcionamiento de la vida política. Quizás por esto más de 443 mil personas no votaron en las dos últimas elecciones autonómicas. El hecho de que la abstención sea la segunda opción política más escogida en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que casi un tercio del millón y medio de electores no votara, podría ser una consecuencia de la decepción o el rechazo que producen en la ciudadanía el planteamiento del Gobierno regional que no favorece el interés general.
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