La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos de España (Anpca), con sede en Las Pedroñeras (Cuenca), ha reclamado este viernes medidas a las administraciones ante «la difícil coyuntura que atraviesa el sector» que han calificado como «una situación límite que compromete la viabilidad de las explotaciones en la próxima campaña».
La asociación ha advertido que la situación se debe a varios factores, entre los que ha destacado el agotamiento de los contingentes arancelarios de importación de terceros países, que ha generado «una entrada masiva de producto extranjero en los mercados europeos», según ha trasladado la Anpca por nota de prensa.
La entidad plantea que el arancel disuasorio de 1.200 euros por tonelada establecido por la Unión Europea en el año 2001 «se ha quedado totalmente desactualizado». «Si se actualizara a la realidad actual, el arancel debería situarse en 2.130 euro/tonelada, lo que devolvería al sector la misma protección de la que disponía en el momento de su implantación», señala en vicepresidente de la asociación, Antonio Escudero.
Un elemento que se une a «un aumento desorbitado de los costes de producción, consecuencia directa de los bajos rendimientos obtenidos por la falta de materias activas disponibles para combatir plagas y enfermedades».
«La ausencia de soluciones fitosanitarias eficaces está dejando al ajo europeo en clara desventaja frente a sus competidores internacionales, erosionando gravemente su competitividad», han argumentado desde Anpca.
Ante esta situación, la Anpca ha reclamado una actualización del arancel disuasorio a niveles acordes a la inflación acumulada.
Asimismo, ha solicita la autorización y registro de materias activas mediante un sistema único por zonas de Límites Máximos de Residuos (LMR) definidos por la Comisión Europea y no por países como actualmente está establecido. «Esta medida permitiría abaratar costes a las empresas y agilizar la introducción de nuevas materias activas en el mercado», han defendido.
También ha reclamado un refuerzo de la supervisión y vigilancia en las aduanas europeas, con el fin de garantizar que las importaciones de terceros países cumplan los mismos requisitos fitosanitarios que se exigen a la producción comunitaria.
«Nos encontramos en un momento decisivo. Sin medidas inmediatas y contundentes, el ajo español y europeo quedará relegado en todos los mercados, con consecuencias irreversibles para miles de familias y para la economía rural», ha afirmado el presidente de Anpca, Juan Salvador Peregrin.
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