El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, sostiene que el hecho estructural de “tener tanto territorio y ser tan poca gente” es un factor de oportunidad para el crecimiento económico. Considera la región como una mercancía y sigue autorizando la instalación de macrogranjas, a pesar de que el censo de los cerdos de Castilla-La Mancha ya sobrepasó los 2,4 millones de porcinos.
Las macrogranjas están haciendo aumentar, en una medida que estremece imaginar, la contaminación. Castilla-La Mancha es la región española con una mayor proporción de suelo declarado como zona vulnerable a nitratos (47%) debido a las altas concentraciones de este componente en las aguas subterráneas. Los nitratos de la ganadería industrial contaminan la tierra, el aire, el agua y las especies, animales y vegetales, que pueblan la región. Esta contaminación dejó en 2023 sin agua apta para el consumo a más de 18.611 habitantes de 25 pueblos, según datos del SINAC-Ministerio de Sanidad.
La Junta de Castilla-La Mancha no considera que la solución al problema de los nitratos es que paguen las empresas causantes de la contaminación, ni la reducción de instalaciones o de los nitratos, sino que la ciudadanía pague un Plan, para que las empresas sigan con el negocio de la contaminación. De ahí que, según el escrito de alegaciones ciudadanas, la Junta encargó mediante adjudicación directa a la empresa BIOVIC CONSULTING SL la elaboración del Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha 2030.
Es decir, sin participación ciudadana la Junta ha puesto el Plan de Biometanización en manos de una empresa dedicada a la explotación de biogás-biometano, para que decida el tamaño de las plantas, su ubicación y el tipo de tratamiento de los residuos, permitiendo que se construyan grandes plantas a menos de 2 km de los núcleos urbanos. Otorgar a la empresa BIOVIC CONSULTING SL el poder de diseñar el Plan regional es la fórmula perfecta para impulsar el lucrativo negocio de la contaminación que pagará la ciudadanía con sus impuestos.
El interés de BIOVIC CONSULTING SL como el de cualquier empresa privada del sector de biometano es la rentabilidad económica. Resulta injustificable que los poderes públicos de Castilla-La Mancha adjudiquen directamente a esa empresa unas decisiones importantes que afectan el interés general. No convocar un concurso público para elaborar el Plan regional además de ser irresponsable y temerario no favorece la transparencia, ni la participación y demuestra escaso aprecio y nula confianza en instituciones de la región, como la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
La UCLM cuenta desde el año 2001 con un Instituto de Ciencias Ambientales. Es decir, la Universidad dispone de un centro específico y multidisciplinar cuya estructura organizativa está preparada para abordar la complejidad inherente a los múltiples problemas ambientales. En el ICAM investigan y desarrollan su labor expertos en Ciencias Ambientales especializados en conservación, planificación y gestión del medio ambiente. Descartar la implicación del Instituto en el Plan regional y recurrir a una empresa del sector del biometano cuyo interés es la rentabilidad económica supone despilfarrar el talento y los recursos acumulados en instituciones interesadas en las políticas de desarrollo sostenible.
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