El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, recomendaba hace unos días al Gobierno que armonizara el Impuesto de Sucesiones para triplicar su recaudación hasta los 10.200 millones de euros anual, como una de las soluciones al “prolongado desequilibrio de las cuentas públicas españolas”.
Que el albaceteño dijera esto, es lo mismo que decir que el Ejecutivo de Sánchez se recomienda a sí mismo expoliar aún más a los españoles (140.000 millones más pagamos en impuestos desde que gobierna), pues la gran idea parte del que hasta hace dos días era ministro de la Seguridad Social y ahora es el símbolo de la colonización sanchista de una de las pocas instituciones que quedaban sin injerencia gubernamental.
La armonización en Castilla-La Mancha nos suena. Su autor intelectual, con permiso de Gabriel Rufián, es Emiliano García-Page, quien tras verse superado en eficacia impositiva y redistributiva por Madrid (y ahora también por Andalucía y Extremadura, que es la comunidad más competitividad fiscal ha ganado en el último año) reclama siempre que tiene la oportunidad una homogeneización autonómica que penalice a los buenos gestores y deje de sacarle los colores.
Conviene recordar que, además de ser la comunidad que más puestos ha descendido en el Índice de la Tax Foundation, la nuestra es la segunda región donde mayor infierno fiscal existe para el pago de Sucesiones y Donaciones.
Suecia, Eslovaquia, Letonia, Estonia, Austria, Noruega, República Checa, Israel, Canadá, Nueva Zelandia, México y Australia son sólo algunos países que han derogado o donde nunca ha existido el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Pero eso no cuenta en el argumentario de los socialistas, que no paran de repetir que estamos por debajo de la presión fiscal europea, obviando datos como la contribución fiscal empresarial, que es un 24 % superior a la del promedio de la UE y casi un 30 % superior a la media de los países (último informe del Instituto de Estudios Económicos).
Tampoco hablan jamás de esfuerzo fiscal (que no es un indicador de recaudación, sino que mide el impacto en la renta per cápita), quizá porque a los españoles les cuesta un 14 % más que a los europeos el pago de impuestos, con Castilla-La Mancha en el podio como tercer territorio que más abrasa a sus vecinos con la fiscalidad.
Así las cosas, desde que Page gobierna, los castellanomanchegos han perdido un 13,44 % de poder adquisitivo, pero rechaza sistemáticamente deflactar el IRPF, porque la inflación es el mejor instrumento de la Junta para hacer caja y luego presumir de superávit, mientras 730.000 personas (un 34,2 % de la población) están en situación de pobreza y exclusión social.
Por tanto, ya sabemos lo que se dibuja en el horizonte, más madera en Sucesiones y Donaciones y lo que haga falta para seguir la estela de las 97 subidas de impuestos que lleva el Uno desde su entronización en 2018.
Por supuesto, de recortar el gasto político de los gobiernos más caros de la historia (el de Sánchez en España y el de Page en Castilla-La Mancha), ni hablar.
Santiago Serrano es portavoz de Hacienda del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha
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