El titulo de este artículo es una copia del publicado en el diario puertorriqueño Nuevo Día el 15 de noviembre del 2024. A pesar del interés de la noticia, no apareció en las páginas de los periódicos de Castilla-La Mancha. La versión en inglés era: “Toroverde raises capital for its mega tourism project in Spain” ( https://www.elnuevodia.com/english/business/notas/toroverde-raises-capital-for-its-mega-tourism-project-in-spain/). El texto relata que Toroverde Parks International LLC firmó un acuerdo de captación de capital con el fondo de inversión McKenzie Securities, para un complejo turístico de montaña de 1017 hectáreas en España. Añade que Toroverde iniciaría la construcción del proyecto de 95 millones de dólares en el año 2025.
El contenido de la noticia -que no menciona Cuenca ni el ecoturismo-, da evidencias de dos asuntos estrechamente relacionados. El primero, ¿por qué no hay megaparque? y el segundo, ¿por qué el ayuntamiento de Cuenca propuso a Toroverde Parks la opción de compra de los montes públicos a precio de chollo?
En primer lugar, si a comienzos de este mes de agosto del 2025 el megaparque no existe y ni siquiera ha comenzado su construcción es porque la empresa Toroverde Parks International LLC carecía del capital mínimo indispensable para invertir en el megaproyecto turístico. De ahí que, en la Sierra de Bascuñana de Cuenca no esté funcionando “una de las mejores instalaciones de aventura del mundo”, según declaró el vicepresidente Martinez Guijarro a su regreso de Puerto Rico.
En segundo lugar, la licitación del arrendamiento con opción a compra del ayuntamiento de Cuenca a Toroverde Parks International LLC fue una ganga -sospechosa-, porque había que permitir que la empresa especulara con los montes propiedad de la ciudadanía para captar fondos de inversión con los que financiar el “megaproyecto turístico”. Pensemos que el ayuntamiento de Cuenca oferta a una empresa americana 1.017 hectáreas a un precio cinco veces por debajo de su valor. La empresa Toroverde Parks International LLC podría comprar por 2.7 millones de euros un terreno rústico forestal cuyo valor supera los 14 millones de euros, según la página especializada en compra-venta de suelo COCAMPO.
No es fácil entender que el presidente de Castilla-La Mancha que ve como un ataque a la igualdad y la justicia el proyecto de financiación singular de Cataluña, conceda a empresas extranjeras el privilegio de apropiarse de 1.017 hectáreas de los montes públicos de la Sierra de Bascuñana a un precio tan temerariamente bajo que, presuntamente, se podría apreciar la existencia de delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.
Resulta paradójico que el presidente Emiliano García Page, defensor de la igualdad y la justicia en España, y muy crítico con la financiación singular de Cataluña, declare como proyecto de singular interés en su comunidad autónoma un megaparque, para favorecer a empresas turísticas y fondos de inversión extranjeros. ¿Cómo explicar que la Junta y el ayuntamiento de Cuenca propicien el despojo del patrimonio de la ciudadanía de su región, para beneficiar el pelotazo especulativo de unas empresas extranjeras y fondos de inversión?
Tengo para mí, que la inversión privada es como un fetiche para Emiliano García Page, un objeto de culto al que atribuye poderes sobrenaturales. En virtud de lo cual, defiende como modelo de crecimiento el patrón del boom inmobiliario-financiero que hizo crack en 2008. Pues bien, esa fe ciega en el mercado es la que explica que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, perciba como positiva la liquidación y venta de los bienes públicos (ferrocarriles públicos, montes, terrenos y fincas de municipios) para favorecer el interés privado. A modo de conclusión, se podría decir que, si la estrategia de la Generalitat catalana es una financiación singular en interés de la ciudadanía de Cataluña, la estrategia de la Junta castellanomanchega es la promoción de proyectos de singular interés para que especulen y hagan negocio las empresas y los fondos de inversión extranjeros o nacionales, mediante el despojo del patrimonio que poseen los pueblos y la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
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