El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, conocido coloquialmente como ley de acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año 2026, un texto que contempla una serie de medidas tributarias, principalmente enfocadas a la adquisición de vivienda por parte de jóvenes, que tendrán una incidencia de unos 8 millones de euros para unos 13.000 contribuyentes de la región.
Estas son las estimaciones que ha puesto sobre la mesa en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha explicado que la ley de acompañamiento será llevada a las Cortes regionales “de manera inmediata” para iniciar su tramitación parlamentaria.
Ruiz Molina ha explicado que esta ley se puede diferenciar en tres áreas. La primera de ellas y “más importante” para el consejero es el mencionado paquete de desgravaciones fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, mientras que la segunda consiste en una serie de medidas de simplificación administrativa y la tercera está relacionada con distintas iniciativas sobre recursos humanos, fundamentalmente dirigidas al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
En cuanto a la primera de estas áreas, el proyecto contempla, según ha detallado el consejero, una reducción del 40% del tipo impositivo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que pasa del 5% al 3% cuando se trate de la primera vivienda y el adquiriente sea menor de 36 años.
También se incluye una reducción a la mitad del tipo impositivo de Actos Jurídicos Documentados, del 0,5% al 0,25%, para el mismo colectivo; y una deducción del impuesto del IRPF del 15% a las cuentas de entidades de crédito siempre que el importe depositado se destine a la adquisición de la vivienda habitual también para menores de 36 años, con un máximo de 20.000 euros.
Del mismo modo, igualmente relacionado con el IRPF y la vivienda, se incrementa en un 11% el límite máximo de reducción por arrendamiento de vivienda, pasando de 450 a 500 euros, una medida que, además de a los jóvenes, también se amplía a otros colectivos como las familias numerosas, las monoparentales y las personas con discapacidad.
Además, la ley de acompañamiento incluye un incremento en el valor de la vivienda para poder acogerse a estas deducciones, pasando de los 180.000 a los 240.000 euros.
Esta política de deducciones, ha comentado Ruiz Molina, se complementa con otro de los anuncios ya hechos por el Ejecutivo autonómico como es la concesión de préstamos a tipo cero para cubrir la parte que no viene siendo financiada por las entidades cuando se compra una vivienda, generalmente el 20% del valor de la misma.
Por otra parte, el texto recoge otras reducciones impositivas como una deducción del 30% en los gastos derivados por la tenencia de perros de asistencia para personas con discapacidad, la supresión de las tasas del Programa Acredita, la exención del pago por parte de titulares de una licencia de autotaxi respecto a los vehículos adscritos a dicha licencia o distintas medidas relacionadas con el canon del agua, como bonificaciones para personas con discapacidad, usuarios en riesgo de exclusión social o ayuntamientos que sufran pérdidas de agua por fugas en las redes municipales.
El consejero de Hacienda ha comentado que aquellas medidas que afecten al IRPF entrarán en vigor con carácter retroactivo a 1 de enero de 2025 para que puedan ser incluidas en la próxima campaña de la Renta, mientras que el resto lo harán a partir de su publicación.
REDUCCIÓN DE LA BUROCRACIA
El segundo grupo de medidas incluidas en la ley de acompañamiento incluye medidas para la reducción burocrática como la sustitución de autorizaciones por declaraciones responsables, la eliminación de algunos trámites o la inclusión del silencio administrativo positivo.
Estas reducciones afectarán a normas como la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, la Ley de Carreteras y Caminos, la Ley de Ordenación y Fomento de la Artesanía, la Ley de Ordenación del Transporte de Personas y la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
De otro lado, en materia de personal de la Administración regional, el texto incluye una serie de medidas que están relacionadas con la política de recursos humanos, principalmente en el Sescam.
Algunas de estas iniciativas, según ha citado el consejero, son la reducción de plazos en procesos selectivos, cambios en los requisitos de acceso a plazas vinculadas a las unidades docentes acreditadas y también al sistema de provisión de la jefatura de carácter asistencial.
Finalmente, Ruiz Molina ha anunciado la creación, a través de una disposición adicional, del Fondo de apoyo a la lucha contra la despoblación, que se financiará con recursos procedentes del canon eólico y del canon de participación urbanística y cuyo importe se concretará en las leyes anuales de presupuestos.
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