El preámbulo de la Constitución española (CE) proclama la voluntad de la nación de establecer una sociedad democrática avanzada. Esto significa que no basta con unas elecciones periódicas para designar a las autoridades que gobiernan, sino que es indispensable que la ciudadanía participe directamente en los asuntos públicos (23,1 CE). Es tanta la importancia de este derecho que la ley fundamental declara en sus artículos que los poderes públicos deben favorecer la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social (art. 9,2 CE) y reconocen el derecho a la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de adopción de las decisiones de la administración (art.105, a CE).
Para que el derecho de audiencia en el procedimiento de elaboración de las políticas públicas sea efectivo, las distintas Comunidades Autónomas han puesto en marcha con desigual fortuna el Portal de Participación Ciudadana. La página web de participación de Castilla-La Mancha permite que la ciudadanía realice aportaciones sobre los asuntos que selecciona el gobierno regional.
Hasta el 23 de octubre era posible intervenir en la Revisión intermedia 2025 de la Estrategia regional frente a la despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031. El informe sobre el que debían versar las aportaciones tiene casi doscientas páginas con una abrumadora cantidad de datos y de indicadores, que impiden que la ciudadanía entienda de forma sencilla y clara lo que se ha hecho y el resultado conseguido después de haber invertido 5.143 millones de euros en los años 2022-2024. El compromiso por alcanzar objetivos medibles ha dado lugar a que se busquen logros más bien aparentes, aunque sean poco consistentes.
Llama la atención el texto de la Estrategia frente a la despoblación por su forma de desvirtuar la realidad. Habla de infraestructuras y se dedica a valorar el transporte sensible a la demanda que “propuso la confederación de empresarios de Cuenca”, pero no hace la más mínima mención de la línea de ferrocarril de media distancia Aranjuez-Cuenca-Utiel cuyo cierre por el Ministerio de transportes y la Junta el año 2022 ha impedido que la ciudadanía viaje gratis en el tren durante tres años.
El documento manipula cuando omite que la Estrategia regional frente a la despoblación, publicada en noviembre de 2020, mencionaba entre las medidas a adoptar la modernización de las líneas de ferrocarril con “paradas en numerosos núcleos rurales de la región”, subrayando que “el mantenimiento y mejora de la infraestructura y los servicios ferroviarios era indispensable para fijar población”.
Lo lamentable del proceso participativo sobre la Estrategia frente a la despoblación no es que manipule y en el Portal se hayan hecho pocas aportaciones -menos de quince-, sino que en el Documento no figuran las múltiples plataformas y asociaciones que protagonizan la vida política de la región y están preocupadas por la despoblación. Es como si en la comunidad no existieran Ecologistas en Acción, Stop ganadería industrial, Pueblos Vivos, Asociación ciudadana de Retamoso, Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), Salvemos los Campos de Méntrida, Sí a la Tierra Viva de los Campos de Montiel, Plataforma por el ferrocarril público y social, Pueblos por el tren, Plantes por el tren, Plataforma de Ocaña por la vuelta del tren y un largo etcétera.
El protagonismo de todas las organizaciones es importante porque con su actitud crítica colaboran con las instituciones y presionan a los poderes públicos para promover un desarrollo social y sostenible. No se entiende que el documento de Revisión de la Estrategia frente a la despoblación las ignore como si no existieran ni participaran activamente en la vida política regional.
Es posible que el gobierno regional guarde silencio sobre las asociaciones y plataformas que no controla, porque en esta región donde la abstención electoral es escandalosa, interesa que la democracia sea débil. Por lo tanto, ya sea por arrogancia o indolencia los poderes públicos regionales han decidido no atender las demandas que plantean esas organizaciones que defienden la cohesión social, la igualdad, los derechos, la justicia y un desarrollo sostenible. Para que el asociacionismo no se extienda el mayor afán de los poderes regionales es ocultar su protagonismo y hacer como si no existiera.
Quizás se podría conjeturar que, en vez de una sociedad democrática avanzada, el gobierno de Castilla-La Mancha ha optado porque en esta comunidad dominada por el capitalismo de amiguetes, se instale una democracia frágil, protagonizada por los dos partidos dominantes, apoyada por los medios de comunicación sumisos y las organizaciones privadas dependientes de las subvenciones de las administraciones municipales, provinciales y regionales. No interesa la expansión de una cultura democrática, ni favorecer la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.
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