El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado hoy, en Toledo, las pruebas selectivas correspondientes al turno independiente para personas con discapacidad intelectual, dando comienzo así a los procesos selectivos de la Oferta de Empleo Público 2023-2024, para cubrir un total de 2.306 plazas de Administración General.
Así lo ha indicado el director general de Función Pública, José Narváez, en declaraciones a los medios de comunicación, previas al comienzo de los exámenes, que se han celebrado en el IES Universidad Laboral, donde, como en las dos convocatorias anteriores, se van a desarrollar con pruebas y temarios adaptados.
Narváez ha recordado que estos procesos selectivos han sido posibles gracias a la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, impulsada desde el Gobierno regional con el objetivo de “facilitar el acceso de este colectivo a la función pública”.
Además, ha concretado que son en total 581 los aspirantes que se presentan a las 46 plazas ofertadas de Administración General, de las que 29 son para el cuerpo de auxiliar administrativo y 17 para personal de limpieza y servicios domésticos, contemplando así el cupo de reserva del dos por ciento del total de plazas ofertadas para personas con discapacidad intelectual. De ese total, el responsable de la dirección general ha explicado que el 22 por ciento han solicitado determinadas adaptaciones relacionadas con los medios usados en las pruebas.
Logística y desarrollo de las pruebas
En cuanto a la logística, y para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas, el director general de Función Pública ha explicado que el dispositivo cuenta con más de 84 profesionales, entre personal de limpieza, ordenanzas, técnicos de apoyo, tribunales y un amplio equipo de vigilantes especialmente formados, los cuales se dividen en funciones de acompañamiento en aulas, pasillos y trayectos, para que cada opositor esté acompañado en todo momento.
Por su parte, en cuanto al sistema de selección, este se realiza por concurso-oposición. En este sentido, Narváez ha indicado que, en la fase de concurso, no eliminatoria, se valorarán los servicios prestados. Mientras que, en la fase de oposición, los aspirantes dispondrán de 100 minutos para responder a 20 preguntas tipo test y 5 de reserva, todas ellas presentadas en formato de lectura fácil.
Se trata de un proceso que, como ha manifestado el director general, ha contado con la colaboración de entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha (CERMI), cuyas recomendaciones han sido incorporadas en la organización y a las que, desde el Gobierno autonómico, “agradecemos todo su apoyo y colaboración”, ha señalado José Narváez.
Un compromiso con el empleo público y la inclusión
El responsable de la dirección general de Función Pública ha indicado que, con estos exámenes, se inicia la primera fase de esta convocatoria, en la que también se han celebrado las pruebas para cubrir 48 plazas de agentes medioambientales, y que continuarán este domingo 21 de septiembre y el siguiente con los exámenes para los subgrupos A1 y A2, y así seguirá sucediendo “todos los fines de semana hasta el 25 de octubre”.
Con esta convocatoria, el Gobierno regional da cumplimiento al compromiso del presidente Emiliano García-Page de aprobar cada año una Oferta de Empleo Público en todos los sectores, lo que suponga, ejecutar al 100 por cien los planes de impulso a los servicios públicos. Algo que se viene desarrollando desde hace diez años y que hace que, hasta la fecha, ya se hayan aprobado más de 30.000 plazas, con los objetivos, entre otros, de blindar las plantillas, fortalecer los servicios públicos, reducir la interinidad, garantizar la promoción interna y promover la incorporación de las personas con discapacidad a la Administración. Lo que supone, “mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Castilla-La Mancha mediante el refuerzo y la calidad de los servicios públicos que presta la Administración regional”, según las palabras del director general de Función Pública.
Por su parte, el gerente de CERMI Castilla-La Mancha y presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, se ha mostrado “muy satisfecho” con el trabajo realizado por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, y ha puesto en valor “las unidades de apoyo” que se han puesto en marcha este año desde el Gobierno regional, gracias a las cuales “más de 112 personas con discapacidad intelectual que aprobaron en otras convocatorias y están trabajando en la Función Pública están recibiendo apoyo, así como el resto de las personas que trabajan con ellos”, ha explicado. Unas unidades que se han creado tras el convenio de colaboración que el pasado mes de mayo firmaron la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y la Fundación CIEES, integrada en el Grupo de entidades CECAP.
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