La Audiencia Provincial de Cuenca acoge este jueves el juicio contra S.E.F.M. y V.G.L, gerente y administradora de un club de alterne en El Provencio, que se enfrentan a una petición de pena de diez años de cárcel para cada uno de ellos por delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva e inmigración ilegal.
De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados gestionaban en El Provencio un establecimiento que a pesar de tener licencia aparentemente como hostal, estaba acondicionado para la realización de actividades de alterne y de prostitución por parte de las mujeres que trabajan en dicho local.
Según la versión de la Fiscalía, los acusados idearon un plan en virtud del cual personas de origen colombianas, en connivencia con ellos, les enviarían a España, ofreciéndoles falsos puestos de trabajo como camarera en España bien remunerados y dignos, a mujeres jóvenes de ese país que se encontraban en situación de gran penuria económica, para que ejercieran la prostitución en el club y, con el producto de esta, repartirse los beneficios.
Una de estas mujeres, que comparecerá como testigo protegido, llegó en febrero de 2016 al club, donde tras retirarle el pasaporte y el viático (dinero con el que se acredita el viaje a España como turista), se le informó de que había contraído una deuda de 4.000 euros que debía saldar ejerciendo la prostitución. Según la acusación, la víctima tenía que trabajar desde las 17.00 horas al cierre del establecimiento, a altas horas de la madrugada, pagar 45 euros diarios por alojamiento y manutención y entregar al negocio el dinero del “primer pase”, que oscilaba entre 45 y 55 euros, más cinco euros por cada pase adicional en concepto de sábanas.
Tras un mes trabajando en el prostíbulo, la testigo logró escapar por la puerta de la cocina.
Cada uno de los gerentes del club de El Provencio se enfrenta a un delito de trata de seres humanos en concurso medial con otro de prostitución coactiva, por el que la Fiscalía pide seis y tres años respectivamente; y un delito de inmigración ilegal, por el que se reclama un año más de prisión.
Además, se piden otras medidas como la clausura definitiva del club, el comiso del dinero y efectos intervenidos y una indemnización de 3.000 euros para la testigo protegida.
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