El pasado día 9 de marzo tuvo lugar la presentación del libro Reivindicación del tren para el progreso de Cuenca, de Juan Andrés Buedo. La obra es la crónica de las movilizaciones, recursos, peticiones a los parlamentos, escritos en prensa y los más de cuarenta plantes realizados durante un año, para exigir la modernización del ferrocarril regional.
Las páginas describen la perversa estrategia política del gobierno de Emiliano García-Page colaborando en suprimir la línea para no invertir fondos europeos, cuando Europa proclama que el futuro está en el tren, y la propia Junta de Castilla-La Mancha recomienda la renovación de los servicios ferroviarios para fijar población.
Unos capítulos exponen la estrecha colaboración del gobierno de Castilla-La Mancha con el Ministerio de Transportes y Adif, para desmantelar la línea férrea. Porque gracias a la pobreza y el atraso de Cuenca, la región recibe más fondos europeos.
Otros subrayan el abuso de los poderes públicos, procediendo a clausurar el ferrocarril Aranjuez-Cuenca-Valencia, en vísperas del decreto de los viajes gratuitos, vulnerando los derechos de las personas que residen en los veinte pueblos por los que debería discurrir la línea.
El texto se refiere al inefable alcalde de Cuenca, único firmante con Adif del acuerdo para desmantelar el tren, un protocolo que carece de viabilidad técnica, financiera y administrativa. Un chanchullo torticero contra los pueblos de la provincia, dirigido a promover la especulación de los terrenos públicos y el pelotazo inmobiliario.
Los participantes en la Reivindicación del tren, aludieron al interminable memorial de agravios sufridos por Cuenca durante más de cuarenta años; abordaron lo que es posible realizar en los terrenos del ferrocarril, en el marco del actual Plan de Ordenación Municipal (POM); también discurrieron sobre esa especie de patente de corso que tiene Adif para ir en contra del interés general con total impunidad y sobre las puertas giratorias que utilizan los empleados y técnicos de las empresas públicas del Ministerio de transportes.
El acto finalizó mencionando los recursos, que han conseguido que el Supremo paralice cautelarmente el cierre de la línea, y divagando sobre el litigio reciente contra el asesor del Ministerio de Transportes -caso Koldo- por las comisiones ilegales de productos sanitarios con cargo a los fondos europeos. En este sentido, se planteó la cuestión siguiente ¿en qué medida la querella por tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, podría ser un acicate para que la Comisión Europea examine el perjuicio que la actuación de Adif ha ocasionado en el ferrocarril regional? Como diría el clásico, la respuesta está en el viento.
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