Hola, amigo lector, el Estado ha decidido cuánto es suficiente. Frente Amplio, en un alarde de genialidad, propone que nadie pueda heredar más de 10 millones de euros. Todo lo que pase de ahí se lo queda el Estado. El 100 %. Entre 5 y 10 millones, el 75 %. A partir de 800.000 euros, la mitad. Y no hablamos de una medida aislada: a esta propuesta se suman otros gravámenes sobre los grandes patrimonios y las herencias. Estos que llevan gobernando 8 años y lo único que han hecho es exprimir a los pobres.
Esto no va de ideologías. O, al menos, no debería.
Permíteme, amigo lector, cuatro objeciones: una moral, una económica, una constitucional y una aritmética.
La primera, la moral: ¿quién decide dónde acaba el mérito?
¿Por qué 10 millones y no 5? ¿Y por qué no 15? ¿Ǫué criterio determina que una persona pueda dejar a sus hijos una cantidad, pero no un euro más? La misma arbitrariedad que encontramos en la elección de la cifra podría aplicarse a la propia decisión de imponer ese límite. Porque, puestos a decidir cuánto es suficiente para los demás, ¿dónde ponemos el límite a la ocurrencia del político de turno?
Hay quien cree que la riqueza aparece sola. Ǫue uno se levanta una mañana con 10 millones de euros igual que se levanta con un resfriado.
No es así. Detrás de muchos patrimonios hay décadas de trabajo, riesgo, noches sin dormir, nóminas pagadas antes que la propia y avales firmados con la casa familiar. Un padre que trabaja cuarenta años no lo hace solo para él. Lo hace también para que sus hijos empiecen un poco más arriba de donde empezó él. Eso no es necesariamente un privilegio. Es, en muchos casos, la definición misma de progreso.
Por supuesto que hay fortunas heredadas, patrimonios acumulados durante generaciones y personas que han nacido con la vida prácticamente resuelta. Nadie lo discute. Pero que unos tengan más oportunidades que otros no significa que el Estado adquiera automáticamente el derecho a quedarse con todo lo que considere excesivo.
Porque esa es la cuestión de fondo. No estamos discutiendo si los ricos deben pagar impuestos. Estamos discutiendo si existe algún límite a lo que el Estado puede exigirles.
Ǫue un político fije la cifra a partir de la cual ese esfuerzo deja de pertenecer a quien lo ha realizado y a quienes este ha decidido dejárselo no me parece justicia social. Me parece soberbia y mediocridad.
La segunda, la económica: 10 millones no son una cuenta corriente.
Diez millones pueden ser una fábrica, una cadena de tiendas, una bodega o una empresa con doscientas familias detrás. Ese patrimonio no está guardado en un cajón: está trabajando, produciendo, pagando salarios y generando riqueza.
Y aquí es donde me gustaría que los autores de semejante genialidad nos explicasen cómo piensan resolver un pequeño detalle.
Imaginemos que una persona hereda una empresa familiar valorada en 15 millones de euros. Una empresa que funciona, que tiene trabajadores, que paga sus impuestos y que lleva décadas levantándose cada mañana para abrir sus puertas. Pero el heredero no tiene esos millones en una cuenta corriente. Tiene una empresa.
¿Ǫué hace entonces? ¿Vende parte de ella para pagar el impuesto? ¿Busca un comprador? ¿Se endeuda? ¿Pierde el control de la compañía que levantó su padre?
Porque una cosa es valorar una empresa en millones y otra muy distinta disponer de esos millones para pagar a Hacienda.
Es cierto que existen mecanismos fiscales específicos para facilitar la transmisión de empresas familiares. Precisamente por eso, antes de anunciar semejantes porcentajes, sería conveniente explicar cómo funcionarían esas protecciones y si resultarían suficientes para garantizar la continuidad de los negocios.
Porque una cosa es recaudar impuestos y otra muy distinta poner en peligro la continuidad de una empresa para satisfacer una determinada concepción de la justicia social.
Y hay algo que parece que olvidamos con demasiada facilidad. Todos queremos mejores salarios, mejores condiciones laborales, más derechos y más oportunidades. Y me parece estupendo. Pero ¿quién crea las empresas que ofrecen esos puestos de trabajo? ¿Ǫuién arriesga su patrimonio, solicita un préstamo, avala con su casa y se juega sus ahorros para poner en marcha un negocio?
Porque, cuando todos seamos trabajadores, ¿quién generará el empleo?
Y no, no estoy diciendo que los empresarios sean unos héroes ni que los trabajadores deban estarles eternamente agradecidos. Una empresa no es nada sin sus trabajadores, pero tampoco hay empresa sin alguien que decida ponerla en marcha, invertir y asumir el riesgo. Nos necesitamos mutuamente. Parece una obviedad, pero viendo determinadas propuestas políticas, quizá no lo sea tanto.
Lo verdaderamente preocupante es que algunos parecen más interesados en castigar a quien ha conseguido crear riqueza que en facilitar que otros puedan hacer lo mismo.
Y el mensaje para cualquier emprendedor es demoledor: crece, pero no demasiado; arriesga, pero con techo. Come, pero no engordes.
No parece precisamente la mejor manera de fomentar la iniciativa empresarial, la inversión y la creación de riqueza.
La tercera, la constitucional: ¿hasta dónde puede llegar el Estado?
Y llegados a este punto, convendría recordar algo que parece haberse quedado olvidado en algún cajón. La Constitución española, esa que algunos políticos invocan con tanto entusiasmo cuando les interesa, establece en su artículo 33 el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
Pero hay algo todavía más interesante.
El artículo 31.1 establece que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio.
Repito: en ningún caso tendrá alcance confiscatorio.
Y aquí surge una pregunta que me parece bastante razonable: ¿cómo encaja un impuesto del 100 % sobre una parte de una herencia con esa prohibición constitucional?
No voy a cometer la osadía de dictar una sentencia desde estas líneas. Para eso están los tribunales. Un tipo marginal del 100 % no implica necesariamente, por sí solo, que todo el impuesto sea inconstitucional. Pero, desde luego, plantea una cuestión jurídica que merece algo más que un eslogan electoral.
Porque si el Estado puede decidir que, a partir de determinada cantidad, todo lo que heredas le pertenece, ¿dónde queda el límite de su capacidad para disponer del patrimonio privado?
¿Y quién garantiza que mañana ese límite no baje de 10 millones a 5, de 5 a 2 o de 2 a lo que decida el siguiente iluminado?
Los derechos no deberían depender de la cifra que a un político le parezca razonable una mañana.
La cuarta, la aritmética: el 100 % de cero sigue siendo cero.
El capital tiene una virtud que algunos legisladores parecen olvidar: tiene pasaporte.
Los padres tienen la incómoda costumbre, para algunos, de esforzarse para que la vida de sus hijos sea un poco mejor que la suya. Y, después de toda una vida trabajando, mudarse a Dubái, a Miami o a cualquier otro lugar con una fiscalidad más favorable puede convertirse en una opción bastante atractiva si de ello depende que sus hijos disfruten del fruto de ese esfuerzo.
Naturalmente, no todos podrán marcharse ni bastará con cambiar de residencia para eludir las obligaciones fiscales. Pero quienes disponen de grandes patrimonios suelen contar también con más recursos para planificar dónde vivir, invertir y establecer sus negocios.
Y ahí aparece la paradoja.
La familia se va. Con ella pueden marcharse inversiones, decisiones empresariales, consumo y, en determinados casos, sedes y empleos. El Estado aspira a recaudar más, pero corre el riesgo de terminar recaudando menos, no solo por el impuesto que pretendía cobrar, sino por toda la actividad económica que puede perder por el camino.
Y no, no estoy diciendo que todos los ricos vayan a hacer las maletas al día siguiente. Estoy diciendo que, cuando se diseñan impuestos de semejante magnitud, convendría estudiar cómo van a reaccionar precisamente aquellos a quienes se pretende cobrar.
Porque el 100 % de cero sigue siendo cero.
Pero hay algo más que me llama poderosamente la atención. Frente Amplio sostiene que esta medida permitiría obtener recursos suficientes para duplicar el gasto social en vivienda. Estupendo. ¿Y dónde están los números? ¿Cuántas herencias esperan gravar? ¿Ǫué recaudación calculan obtener? ¿Cuánto de ese patrimonio está en dinero y cuánto en empresas, inmuebles o inversiones? ¿Ǫué previsión han hecho sobre los cambios de residencia fiscal? ¿Han calculado los posibles efectos sobre la actividad económica?
Porque anunciar ingresos es muy sencillo. Demostrar que se van a producir ya es otra cosa.
Y si alguien pretende convencerme de que una medida de estas características va a financiar una parte importante de las políticas públicas, lo mínimo que espero es que me enseñe las cuentas. Lo mismo que le exijo a Feijoo cuando promete un millón de viviendas, ¿cómo las va a pagar? Y, es más, ¿quién las va a construir?
No me parece una exigencia desmesurada. Me parece lo mínimo que debería pedírsele a cualquiera que aspire a administrar el dinero de los demás.
Es el impuesto perfecto sobre el papel: castiga al que se queda, incentiva al que puede marcharse y convierte una promesa de recaudación en un riesgo de pérdida de riqueza. Un plan sin fisuras.
Y todo ello partiendo de una idea que me resulta especialmente preocupante: que el Estado sabe mejor que tú cuánto dinero necesitas, cuánto puedes acumular y cuánto merecen recibir tus hijos.
Pues no.
España no necesita menos ricos. Necesita más gente con motivos para intentarlo. Necesita que quien tenga una idea pueda convertirla en un negocio, que quien tenga un negocio pueda hacerlo crecer y que quien haya dedicado su vida a levantar una empresa pueda pensar en dejársela a sus hijos sin que el Estado se convierta en el principal beneficiario de su fallecimiento.
Y, por supuesto, necesita que quienes empiezan desde abajo tengan oportunidades reales para prosperar. Pero eso se consigue mejorando la educación, favoreciendo la creación de empleo, facilitando el emprendimiento y eliminando las barreras que impiden progresar. No decidiendo arbitrariamente cuánto es demasiado.
Porque la riqueza no debería ser un problema que haya que corregir, sino una oportunidad que haya que extender.
La desigualdad se combate subiendo el suelo, no bajando el techo. Para mí, amigo lector, el problema no son los ricos, el problema es que haya pobres.
Cerveza muy fría aquí, que estoy hasta los mismos de las elecciones.
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