A raíz de la convocatoria de elecciones, las conversaciones políticas vuelven a los grupos de cervezas y a las conversaciones en el grupo de amigos. Las convocatorias electorales tienen el poder de alterar la química de las conversaciones en el trabajo, las sobremesas familiares y las charlas entre amigos. De repente, hay una urgencia por repartir carnés de pureza ideológica. Lo fascinante de este ruido preelectoral no es la discusión cotidiana por el último titular de corrupción, sino cuando la charla desciende a las raíces de la política pura. Ya no se discute sobre la gestión de Ceuta o sobre corrupción, sino sobre qué es la libertad, cuál debe ser el papel del Estado o cómo entendemos la justicia social. Es ahí, en ese terreno de las convicciones profundas, donde un amigo de toda la vida te mira a los ojos y te sentencia, con la ligereza de quien sella un pasaporte: «Tú eres facha». E, irónicamente, ahí empieza el problema.
El primer choque llegó con el salario mínimo. Según mi amigo, los de derechas no queremos que los trabajadores ganen más. Es una simplificación absurda. Esa es la falsa dicotomía de la que va a tratar todo este artículo. Ojalá los sueldos fueran el doble; nadie sensato desea que la gente malviva. El problema no es el deseo, sino el límite. ¿Dónde paramos? Si obligas a subir los costes por decreto sin mirar la realidad de la caja, el pequeño empresario no puede asumirlo y el consumidor final termina pagando un producto más caro. No se trata de oponerse al bienestar, sino de entender que la economía tiene equilibrios delicados.
De ahí pasamos enseguida al papel del empresario. Para la izquierda con la que hablaba, el empresario suele ser una figura a batir, casi un villano. Para mí, la realidad es mucho más prosaica: es alguien que arriesga su propio dinero, sus ahorros y su patrimonio para levantar un negocio, crear empleo y jugársela cada mes para pagar las nóminas.
El segundo choque fue la reducción de jornada. Más de lo mismo. Por supuesto que quiero que se trabaje menos; ¿quién no iba a querer más tiempo libre para la familia o el descanso? Pero volvemos a la pregunta incómoda: ¿dónde está el límite? ¿Treinta y siete horas y media? ¿Treinta y cinco? ¿Y por qué no veinticinco? Si reduces la jornada por ley manteniendo el sueldo, el empresario se ve obligado a contratar a más personal para cubrir esas horas. Y si los costes laborales se disparan de golpe, el negocio se ahoga o repercute ese incremento en el precio final. Parece que el trabajador tiene derecho legítimo a cobrar más y trabajar menos, pero al empresario se le niega el derecho a mantener a flote su proyecto sin que lo traten de explotador.
Y aquí llegamos al nudo de la cuestión que mi amigo no parecía querer ver. Si el empresario sube mucho los precios para compensar el aumento de costes, llega un punto en el que el cliente deja de comprar y el negocio quiebra. Y si tiene que cerrar, ¿qué pasa con los trabajadores? A la calle. Proteger al trabajador por decreto sin mirar si la empresa puede aguantar el golpe no es defenderlo, es ponerle fecha de caducidad a su puesto de trabajo. No podemos ir a una manifestación por la subida del salario mínimo y por la reducción de la jornada laboral y quejarnos del precio de las cervezas de después.
El debate también rozó el espinoso terreno de las bajas médicas. Según mi amigo, los de derechas queremos recortar derechos a los enfermos. Nada más lejos de la realidad. Si un trabajador está enfermo y su baja es real, todo el apoyo y la cobertura posibles; no creo que nadie se oponga a esto. Pero debe ser el Estado quien sostenga esa prestación o ayude a asumirla, porque no se puede dejar todo el peso en manos del empresario. Cuando una empresa se enfrenta a un porcentaje altísimo de ausencias o a periodos muy largos de baja, necesita mecanismos de protección, lo que no significa que sean necesariamente contrarios al trabajador, claro está. Intentar frenar el absentismo desmesurado y las bajas falsas no es ser de derechas; es de sentido común, porque nos perjudica a todos y drena los recursos públicos. Dicho esto, con la misma claridad: todo el peso de la ley contra los empresarios que hacen pillerías, no dan de alta a sus plantillas, no pagan las horas extra o esquivan sus obligaciones fiscales. No se trata de defender al tramposo, venga de donde venga, sino de evitar que el esfuerzo general lo paguen siempre los mismos.
Lo mismo ocurre con los contratos. Por supuesto que todos preferiríamos un contrato indefinido, claro que sí, pero hay situaciones que no lo permiten. Si obligas al empresario a asumir costes desproporcionados de contratación y despido, rompes la rueda de la productividad y la viabilidad de la empresa. No sé si seríamos capaces de vivir sin empresas privadas, dejándolo todo en manos del Estado; pero ya sabemos cómo acaba eso. Pongo un ejemplo sencillo: si un fontanero tiene trabajo para una persona y media, si se facilita la contratación y no le asusta el despido, se animará a contratar a una persona, con la esperanza de que conseguirá trabajo para dos; pero si el propio hecho de la contratación, independientemente de la calidad del trabajador, le pone los pelos de punta, preferirá bajar el ritmo antes que contratar. Y así no se genera tejido productivo, eso seguro.
El penúltimo malentendido llegó con el ingreso mínimo vital. Según mi amigo, estoy en contra de él. Nada más lejos de la realidad. Estoy totalmente a favor de que una sociedad avanzada cuide de quienes, por circunstancias graves y muy personales, no tienen un plato de comida en la mesa o un desayuno para sus hijos; se me parte el alma de verdad solo de pensarlo. Pero lo que no podemos permitir es que estas ayudas se conviertan en una herramienta para apoltronar a quienes pueden ganarse la vida por sí mismos y prefieren vivir a costa del erario sin dar un palo al agua. Esas ayudas deben ir destinadas a quien las necesita de verdad, con más control y más inspecciones. Si hay que aumentarlas para esas personas, se aumentan, cueste lo que cueste; pero hay que cerrar la puerta al pícaro para no pervertir el sistema.
El choque con los servicios públicos dejó al descubierto otra falsa acusación: que queremos abolir la sanidad y la educación públicas. Nada más lejos de la realidad. Que no me parezca mal que existan colegios u hospitales privados no quiere decir que quiera acabar con lo público; al revés, quiero que el Estado mejore lo público. La explicación es sencilla, sobre todo en educación: cuanto peor es la red pública, más se agranda la brecha entre clases sociales. Si un alumno de familia acomodada recibe una formación excelente y además cuenta con contactos de cuna, la distancia con el hijo del obrero en un centro público deteriorado se vuelve insalvable. Nadie de derechas quiere que esto ocurra, más allá de ciertas élites, que haberlas, haylas. Por eso preocupa tanto cuando la enseñanza pública se desvíe hacia el adoctrinamiento o la imposición de consignas ideológicas en lugar de centrarse en educar; porque mientras el hijo de una familia con recursos puede escapar de eso pagando un centro privado, los soldaditos de a pie nos tragamos las consecuencias. Y, sin entrar en demagogias, muchos políticos y figuras de la izquierda que defienden lo público luego se abrazan a las bondades de un hospital o un colegio privado para los suyos. Mejorar los servicios públicos no significa liquidar lo privado; somos una sociedad libre y cada cual debe poder elegir los servicios que la calle le ofrezca sin que papá Estado intervenga. No se sale de la pobreza volviendo pobres a los ricos, sino al revés.
El último gran frente fue el de las pensiones. Más de lo mismo. ¿Quién en su sano juicio no va a querer que nuestros mayores cobren más? Estoy hablando de mis padres, de mis suegros, de esa generación que trabajó duro —muchos de ellos bajo una dictadura— para que nosotros tuviéramos una vida mejor. Pero vamos a ser claros: las cuentas públicas no son un pozo sin fondo. Hay pensionistas que necesitan urgentemente una subida, sin duda. ¿Elevar las pensiones mínimas y las no contributivas? Por supuesto. Pero el jubilado con vivienda en propiedad y un piso en la playa que cobra el máximo permitido a lo mejor puede quedar al margen de esa subida. Hay que ser más quirúrgico con estas cosas. Y, sobre todo, urge un gran pacto de Estado para asegurar la hucha de las pensiones; de lo contrario, más pronto que tarde el sistema quebrará y no se podrán pagar ni las altas ni las bajas.
Otro gran frente llegó con la vivienda y los desahucios, tan de moda ahora, cuando llevamos años sufriendo este castigo. Según mi amigo, los de derechas disfrutamos viendo a la gente en la calle. Nada más lejos de la realidad; a nadie en su sano juicio, sea de la ideología que sea, le alegra ver un desahucio. Pero cuando dos derechos chocan, uno debe prevalecer, y vivimos en una sociedad basada en reglas que se plasman en contratos. Todos firmamos documentos a diario, desde las condiciones de una web en internet hasta un alquiler, y conocemos las consecuencias. A esto se suma el derecho a la propiedad privada. Ya he defendido antes, en este mismo medio, la urgencia de que una sociedad facilite vivienda a su clase productiva, pero aprobar leyes que se saltan a la torera los contratos o demonizan al propietario solo consigue machacar aún más el mercado. Si oponerse a reales decretos ineficaces que arruinan el acceso de los jóvenes a la vivienda me convierte en ultraderecha, que así sea; lo que de verdad cabrea es ver cómo se destruyen las opciones por sectarismo. No tengo la fórmula mágica, pero el primer paso sería escuchar a economistas, expertos, universidades y empresarios en lugar de actuar como un político egocentrista que cree tener todas las respuestas. Ese no es el camino.
Por último, no se puede pasar por alto la dinámica política actual de repartir culpas según conviene. Si sale adelante una medida, la medalla es propia; si fracasa, la culpa es de la oposición. No, señor. Si uno gobierna, su obligación es redactar, negociar y aprobar leyes. No vale echar balones fuera diciendo que el Parlamento trabaja en contra del pueblo —eso ya lo dijo un señor bajito en el 36—. Ese mismo Parlamento es el reflejo de la soberanía popular y, por tanto, el pueblo mismo. Proclamar que el mandato es democrático cuando te conviene y acusar de golpistas a las cámaras cuando no tragan con los bandazos es un ejercicio de comedia propio de una novela de Eduardo Mendoza. La democracia no es una bola de plastilina que se amolda al capricho del gobernante de turno. Es el mismo Parlamento que aprobó la ley de amnistía y, por aquel entonces, ganaron, según algunos, la democracia y el entendimiento. Y esto se debe aplicar a todos: después de ocho años de un gobierno de «izquierdas», resulta que va a haber una huelga general contra la oposición, no contra el Ejecutivo. Hay cosas que necesito que me las expliquen más despacio.
La próxima vez que hablemos de política con una cerveza, quizás deberíamos preguntarnos menos de qué bando somos y más si hay algo que nos une y si lo que defendemos funciona de verdad en el mundo real. Al fin y al cabo, de eso trata la política pura y la democracia: de buscar soluciones, no trincheras. No sé si estas palabras me convierten en fascista, pero, si no es así, quizás deberíamos dejar de desgastar una palabra tan fea y que tan bien definió ciertos errores de la historia.
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