Un cinismo agobiante y la creencia de que nunca se hará justicia dominan el debate sobre la línea de ferrocarril de media distancia Aranjuez-Cuenca-Utiel. A medida que el tiempo pasa es fácil olvidar que el cierre del tren fue promovido y gestionado por presuntos delincuentes, en perjuicio de las personas que viven en los pueblos de las zonas despobladas. Quizás convenga recordar esta estremecedora injusticia de los poderes públicos en varios actos.
En el primer acto, ministros (ir)responsables deciden estar treinta años sin realizar las labores mínimas de mantenimiento, ni aplicar las inversiones presupuestadas la línea. Se dedican a recortar servicios, cambiar horarios, clausurar estaciones, suprimir inspectores y taquillas hasta conseguir el deterioro del ferrocarril y que más de trescientas mil personas dejaran de utilizar este servicio público. Esta deshonrosa actuación contó con la complicidad del Gobierno de Castilla-La Mancha que asumía el fraude del ministerio en perjuicio de los derechos de las personas residentes en los núcleos rurales de la comunidad.
En el segundo acto, José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Fomento, Isabel Pardo de Vera como presidenta de la entidad pública ADIF y el ejecutivo de Castilla-La Mancha, presidido por García Page, pactan cerrar la línea degradada y ven en la tormenta Filomena una buena ocasión. ADIF negocia la clausura con el endeudado ayuntamiento de Cuenca (a cambio de cuarenta millones de euros), ante el entusiasmo de la confederación de empresarios de la capital que intuye un pelotazo por la privatización de los terrenos públicos de la céntrica estación. De manera que el alcalde de Cuenca yendo en contra un acuerdo unánime del pleno del 25 de marzo del año 2021, firma un protocolo con ADIF, basado en informes de la entidad pública de ingeniería y economía del transporte (INECO).
En el tercer acto, la ciudadanía se manifiesta para luchar contra el cierre del tren efectuado el 19 de julio del 2022, que impide acceder a servicios públicos básicos (salud, educación, trabajo, servicios sociales) y les excluye del derecho a viajar gratis. Una decena de ayuntamientos, el sindicato comisiones obreras y asociaciones ecologistas presentan sendos recursos ante el Tribunal Supremo. Un grupo de activistas en defensa del ferrocarril público y social, dirigen una Petición al Parlamento Europeo y celebran plantes semanales, reclamando la reactivación de la línea. Los plantes tienen una repercusión escasa, porque los medios de comunicación subvencionados, con una estrategia deliberada de ofuscación solo difunden las promesas retóricas de los partidos y callan las movilizaciones y noticias que perjudican al Gobierno regional.
El panorama se enreda a partir del año 2024 con las acusaciones contra el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Lo singular es que las denuncias por manipular las adjudicaciones no indujeran a pensar que la entidad pública de ingeniería y economía del transporte (INECO), dependiente de Pardo de Vera, también podría haber amañado los informes para justificar la clausura del tramo de la línea férrea Aranjuez-Cuenca-Utiel. Sin embargo, las denuncias contra el exministro y la expresidenta de ADIF ni siquiera aluden a que promovieron la clausura de la línea.
Este descuido beneficia al Gobierno de Castilla-La Mancha que prefiere que no que se mencione su papel en el cierre del tren, pero estudiantes universitarias de arte diseñaron un comic en defensa del ferrocarril donde airean el papel de los poderes de la región en la clausura de la línea. La obra defiende el ferrocarril como bien cultural y podría inspirar una solicitud ante la UNESCO, para que sea declarada ruta patrimonio de la Humanidad la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel, porque tiene casi un siglo y medio de existencia y supuso un desafío constructivo para la época, por su esencia montañosa, porque discurre por parajes maravillosos y circula a través de siete fantásticos viaductos como los Arenales, Mira, Torres-Quevedo, Los Imposibles, Hocecillas, Cabriel y San Jorge.
A la vista de lo expuesto y en aras de la debida justicia, hay motivos éticos y estéticos suficientes para que la ciudadanía exija la derogación del decreto de cierre de la línea de ferrocarril promovido por presuntos delincuentes y siga defendiendo el planteamiento de García-Page (estando en la oposición en2013) de “pelear a muerte por evitar el cierre del tren
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