En la escala biológica, el ser humano es el único animal capaz de sabotear el asentamiento de su propia descendencia. Mientras cualquier especie protege el espacio de sus crías como garantía de futuro, nuestra civilización ha levantado un muro de rigidez que impide a los más jóvenes acceder a lo más básico: un lugar donde existir. En Cuenca, este absurdo no es solo un problema de mercado; es el síntoma de una sociedad que ha olvidado su instinto de supervivencia.
Imaginemos aquel poblado de chozas de madera que habitó nuestras hoces hace milenios. Cuando un joven de la tribu alcanzaba la madurez, el clan entero se movilizaba para levantar su hogar. Pero ese apoyo no era gratuito ni un derecho caído del cielo: había que ganárselo. La tribu proveía la madera y el esfuerzo colectivo porque ese joven era quien sostendría al grupo mañana, pero se esperaba de él productividad y coraje. Como bien enseñaba Schopenhauer, la justicia es una virtud negativa: consiste en no dañar a nadie, pero en su vertiente positiva, la verdadera solidaridad social es un pacto de reciprocidad. En la economía del clan, el “parásito” no tenía sitio junto al fuego; la tribu no quería a quien no estaba dispuesto a cazar o cuidar la lumbre.
Hoy, sin embargo, hemos sustituido esa lógica vital por un laberinto de asfalto y papel sellado que castiga incluso al que se esfuerza. Nos hemos bloqueado en una burocracia asfixiante de planes urbanísticos interminables, licencias que nunca llegan e impuestos —sucesiones, donaciones, tasas de obra— que parecen diseñados para impedir que el patrimonio familiar fluya hacia la siguiente generación.
Es cierto que la sociedad es responsable, pero la culpa recae directamente sobre unos dirigentes instalados en el cortoplacismo de sus sillones. Legislan para la próxima encuesta mientras ignoran que la ley debería ser el aceite que engrasa el progreso, no la arena que lo detiene. Cuenca tiene una oportunidad histórica en la gestión de los terrenos liberados por el tren. Ese suelo en el corazón de la ciudad debería ser la respuesta —inicial y parcial— para ofrecer un nido a los jóvenes que demuestran valía y ganas de aportar. Defender la propiedad privada y el turismo es perfectamente compatible con exigir que lo público facilite el camino a quien se lo merece.
Recuperar el “sentido de especie” significa premiar el mérito y asegurar que el que trabaja tenga su sitio en la orilla del Júcar. Una sociedad que asfixia a sus miembros productivos con trabas y deudas perpetuas es una sociedad que ha decidido dejar de existir. Es hora de que quienes nos dirigen miren menos a sus estadísticas electorales y más a la realidad de la calle, recordando que de nada sirve tener las paredes más sólidas si no hay manos nuevas y dispuestas para mantener el fuego encendido.
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