Cuenca se encuentra hoy ante una de esas decisiones que marcan una generación entera, aunque se presenten como simples trámites administrativos. El convenio entre ADIF, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento no es un documento técnico más, ni una pieza burocrática dentro de un engranaje institucional. Es, en realidad, un punto de inflexión que puede determinar el modelo territorial, económico y social de la provincia durante décadas. Y precisamente por eso, lo que está en juego no es solo una opción política, sino una cuestión de legalidad, de responsabilidad y, llegado el caso, de consecuencias penales.
Durante demasiado tiempo, en provincias como Cuenca, se ha instalado la idea de que las decisiones públicas carecen de responsables individuales. Que los acuerdos se diluyen en la institución, que las votaciones colectivas protegen a quienes participan en ellas, que los informes técnicos son meros trámites sin trascendencia jurídica real. Esa cultura de la dilución ha alimentado una forma de gobernar donde el coste de equivocarse —o de actuar de forma arbitraria— ha sido prácticamente nulo más allá del desgaste electoral. Pero ese paradigma está cambiando, y el convenio que hoy se debate en torno al futuro del ferrocarril puede convertirse en uno de los casos que marquen ese cambio.
El ordenamiento jurídico español no deja lugar a dudas: las autoridades y los funcionarios responden penalmente cuando dictan resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia. No se trata de una formulación abstracta, sino de un tipo penal concreto que ha sido aplicado en múltiples ocasiones en el ámbito urbanístico. La clave no reside en que una decisión sea discutible o incluso errónea, sino en que sea groseramente contraria al Derecho y adoptada con pleno conocimiento de ello. Ese es el umbral que separa la mala gestión de la prevaricación.
En el caso del convenio de Cuenca, el contexto en el que se produce su tramitación eleva de forma notable ese umbral de exigencia. No estamos ante una decisión tomada en un vacío informativo o en una situación de incertidumbre técnica sin precedentes. Al contrario, el proceso está rodeado de alegaciones, informes, controversias públicas, movilización ciudadana y debate jurídico. Tal y como se desprende del análisis jurídico aportado, la eventual responsabilidad penal exige precisamente la concurrencia de una ilegalidad patente y la conciencia de dicha ilegalidad . Y cuando ese conocimiento está sobre la mesa —cuando existen advertencias fundadas y objeciones razonadas—, el margen para alegar desconocimiento desaparece prácticamente por completo.
Esto tiene una consecuencia directa que conviene subrayar con claridad: el voto de un concejal ya no es solo un acto político. Es, potencialmente, un acto con relevancia penal. En los órganos colegiados, la responsabilidad no se diluye en la institución, sino que se individualiza en quienes votan a favor de la resolución. Cada voto favorable a un acuerdo que pudiera considerarse arbitrario y contrario a Derecho puede ser analizado posteriormente desde una perspectiva judicial. Y esa realidad transforma profundamente el significado de la decisión que hoy tienen ante sí los representantes públicos.
Pero la responsabilidad no se detiene en el ámbito político. La arquitectura administrativa que sostiene cualquier decisión de esta magnitud descansa también sobre informes técnicos, controles de legalidad y evaluaciones económicas. Secretarios, interventores, arquitectos municipales y demás técnicos no son meros fedatarios de decisiones ajenas. Son garantes del cumplimiento del ordenamiento jurídico. Y en ese ámbito, la jurisprudencia ha sido igualmente clara: la omisión también puede ser delictiva. La llamada prevaricación por omisión implica que quien, teniendo el deber de advertir o impedir una resolución ilegal, opta por el silencio, por la ambigüedad o por el acomodo, puede incurrir en responsabilidad penal.
En este sentido, el convenio de Cuenca plantea un escenario especialmente delicado. Las dudas sobre su encaje en el planeamiento vigente, la necesidad de replantear instrumentos urbanísticos y la propia situación jurídica de la infraestructura ferroviaria generan un marco en el que cualquier informe técnico adquiere una relevancia extraordinaria. No se trata de un expediente rutinario, sino de una operación compleja que puede implicar la transformación irreversible de suelo público y la desaparición de una infraestructura de transporte con implicaciones territoriales de gran alcance.
Estas cuestiones fueron precisamente el eje del encuentro celebrado el 17 de marzo de 2026 en la Biblioteca Pública del Estado de Cuenca, convocado por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca, en el que también participaron Comisiones Obreras (CCOO), Ecologistas en Acción y la Demarcación de Cuenca del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. En esta convocatoria coincidieron expertos, ciudadanos y representantes sociales en señalar la trascendencia del momento actual. Allí se expuso con claridad que el levantamiento de las vías no es una actuación neutra ni reversible, sino que implica, de facto, el cierre definitivo de la infraestructura ferroviaria convencional. No se trata, por tanto, de una mera reordenación urbanística, sino de una decisión estructural que afecta a la vertebración del territorio y a las posibilidades futuras de desarrollo.
En ese mismo encuentro se subrayó la necesidad de replantear el Plan de Ordenación Municipal y de rectificar instrumentos como el PERI-9, precisamente porque el modelo territorial que se dibuja con el convenio no puede construirse sobre bases jurídicas débiles o contradictorias. La planificación urbanística no es un trámite posterior que se adapta a decisiones ya tomadas, sino el marco que debe garantizar la coherencia y la legalidad de cualquier actuación. Alterar ese orden lógico supone asumir riesgos que no son solo técnicos, sino también jurídicos.
Pero quizá uno de los aspectos más relevantes del encuentro fue la reivindicación de un modelo territorial que no deje fuera a ninguna parte de la provincia. La desaparición de la línea ferroviaria convencional no afecta únicamente a la capital, sino a la totalidad de un territorio que ha encontrado históricamente en esa infraestructura un eje de conexión, de cohesión y de oportunidad. La idea de que el futuro pasa por integrar esa vía de comunicación en un modelo adaptado al presente europeo, en lugar de desmantelarla, introduce un elemento adicional en el debate: la existencia de alternativas. Y cuando existen alternativas razonables, la elección de una opción que pueda resultar jurídicamente cuestionable adquiere una dimensión aún más problemática.
En este contexto, la dimensión penal deja de ser una amenaza abstracta para convertirse en un riesgo real. No porque toda decisión controvertida deba acabar en los tribunales, sino porque determinadas decisiones, adoptadas en determinadas condiciones, pueden traspasar la línea de la legalidad. Y esa línea, aunque a veces difusa, existe.
A todo ello se suma un elemento que, sin ser jurídico en sentido estricto, resulta esencial para entender la situación actual: el papel de la información. La exigencia expresada en el encuentro del 17 de marzo de contar con una prensa libre e independiente no es una reivindicación retórica, sino una condición necesaria para el funcionamiento de cualquier democracia real. Cuando la información se ve condicionada por intereses políticos o por dependencias económicas, la capacidad de la ciudadanía para formarse un criterio propio se ve gravemente limitada. Y en un contexto como el actual, donde las decisiones tienen un alto componente técnico y jurídico, esa limitación resulta especialmente grave.
La relación entre poder político, financiación pública y medios de comunicación no es una cuestión menor. En entornos donde la publicidad institucional se convierte en un elemento clave de supervivencia para los medios, el riesgo de que la información se vea matizada, suavizada o directamente silenciada es evidente. Y sin una información veraz, completa e independiente, el control ciudadano sobre la actuación de los poderes públicos se debilita hasta el punto de volverse ineficaz.
El caso de Cuenca refleja, en muchos aspectos, una dinámica más amplia, descrita como una relación de dependencia entre estructuras políticas y socioeconómicas que tienden a perpetuar un modelo de bajo dinamismo y escasa rendición de cuentas . En ese marco, decisiones de gran calado pueden presentarse como inevitables, como fruto de circunstancias externas o como únicas alternativas posibles, cuando en realidad responden a opciones concretas adoptadas por personas concretas.
Y es precisamente ahí donde entra en juego la responsabilidad. Porque más allá del debate político, más allá de las diferencias ideológicas o de las estrategias de partido, existe una cuestión básica: actuar conforme a Derecho. Ese es el límite que no puede traspasarse. Y ese es también el punto en el que la política deja de ser un espacio de discrecionalidad para convertirse en un ámbito de responsabilidad jurídica.
Quienes hoy tienen en sus manos la aprobación, modificación o ejecución del convenio no pueden ignorar el contexto en el que se produce su decisión. Saben —o deben saber— que existen dudas jurídicas, que hay advertencias técnicas, que la sociedad está movilizada y que el debate no se limita a una cuestión de oportunidad política. Saben también que el resultado de esa decisión puede ser irreversible.
Por eso, la pregunta que se plantea no es si el convenio es conveniente o inconveniente desde el punto de vista político. La pregunta es otra, mucho más exigente: si es conforme a Derecho. Y, en caso de no serlo, si quienes lo aprueban son conscientes de ello.
Porque en ese punto, la responsabilidad deja de ser colectiva para convertirse en individual. Cada firma, cada informe, cada voto deja huella. Y en un contexto de creciente control judicial y social, esa huella puede ser analizada, revisada y, en su caso, sancionada.
Cuenca no está solo ante un debate urbanístico ni ante una decisión sobre infraestructuras. Está ante una prueba de calidad democrática. Una prueba que no se mide en discursos ni en promesas, sino en el respeto efectivo a la legalidad y en la capacidad de asumir las consecuencias de los propios actos.
El tiempo de las decisiones sin responsables está llegando a su fin. Y en ese nuevo escenario, gobernar no es solo decidir. Es, sobre todo, responder por lo que se decide.
