Las recientes declaraciones del presidente de la CEOE conquense, afirmando que “el tren no va a volver” y que su restitución supondría frenar el desarrollo de la ciudad por ir contra el denominado Plan XCuenca, no son solo una opinión: son la constatación de una preocupante falta de ambición y de visión estratégica para una provincia que no está precisamente sobrada de oportunidades.
Cuenca forma parte de esa llamada “España vaciada”, un territorio que ha sufrido durante décadas la pérdida de población, de servicios y de tejido productivo. En este contexto, eliminar la conexión ferroviaria convencional que vertebraba más de veinte localidades con la capital provincial y con comunidades como Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana no puede considerarse un avance. Es, más bien, un paso atrás difícilmente justificable.
El tren convencional no es una reliquia romántica ni un capricho de nostálgicos. Es una infraestructura estratégica. Supone comunicación pública, accesible y sostenible; significa reducción de emisiones frente al transporte por carretera; implica cohesión territorial. En tiempos en los que la transición ecológica es un objetivo declarado por todas las administraciones, prescindir de una vía de transporte menos contaminante resulta contradictorio, cuando no irresponsable.
Pero el daño no es solo ambiental o social. Es también económico. La desaparición del tren elimina la posibilidad de articular un transporte de mercancías eficiente, capaz de atraer inversiones logísticas. Cuenca está situada en un eje privilegiado entre Madrid y Valencia, en el corredor natural más corto entre la capital del país y el Puerto de Valencia, que aspira a consolidarse como uno de los grandes nodos logísticos del sur de Europa. Renunciar a la infraestructura ferroviaria es renunciar a la posibilidad de crear nudos logísticos, puertos secos y parques empresariales vinculados al transporte intermodal. Es, en definitiva, cerrar la puerta a empresas que podrían generar empleo estable en una provincia que lo necesita con urgencia. Sustituir una infraestructura centenaria por aparcamientos, rotondas y recalificaciones de suelo ferroviario para hacerlo edificable no parece precisamente una estrategia de desarrollo sostenible. Transformar suelo público en oportunidades especulativas privadas puede ofrecer beneficios a corto plazo para unos pocos, pero compromete durante décadas el potencial de crecimiento colectivo. No es modernización: es desmantelamiento.
Resulta especialmente llamativo que desde el ámbito empresarial se asuma con tanta ligereza la desaparición de una herramienta básica para la competitividad territorial. Las organizaciones empresariales deberían liderar propuestas de innovación y atracción de inversiones, no resignarse a un modelo basado casi exclusivamente en la carretera y en el corto plazo urbanístico. Más preocupante aún es el entusiasmo con el que algunas instituciones políticas respaldan esta decisión. Gobernar no es gestionar inercias; es anticipar el futuro. Y el futuro pasa por la intermodalidad, por la logística avanzada, por la conectividad sostenible y por aprovechar la posición estratégica de Cuenca entre dos de las regiones más dinámicas del país.
Hablar de que “el tren no va a volver” como si se tratara de una fatalidad inevitable es una forma de renunciar a influir en el rumbo de los acontecimientos. Las infraestructuras no son fenómenos naturales: son decisiones políticas y económicas. Y las decisiones pueden revisarse si existe voluntad y presión social suficiente. La cuestión de fondo no es solo el tren. Es el modelo de provincia que se quiere construir para los próximos cien años. Uno basado en la resignación y el aprovechamiento inmediato del suelo, o uno que apueste por la conectividad, la industria logística, la creación de empleo y la fijación de población.
Cuenca no necesita menos ambición. Necesita más. Porque cada infraestructura que se pierde en la “España vaciada” no es solo una vía que se levanta: es una oportunidad que se entierra.
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