Emiliano García-Page ha alzado la voz con contundencia contra el acuerdo entre el Gobierno central y Esquerra Republicana (ERC). Su argumento es sólido desde la teoría de la solidaridad interterritorial: critica el “principio de ordinalidad”, esa cláusula que busca evitar que quien más aporta a la caja común pierda posición en el ranking de bienestar tras el reparto. Page sostiene que “el que más tiene, más debe contribuir” y que los servicios públicos no pueden depender de la riqueza de cada código postal. Sin embargo, esta vehemencia nacional choca frontalmente con la praxis política que el socialismo castellanomanchego ha aplicado en su propia casa durante los últimos 37 años.
Es una contradicción flagrante que el presidente regional denuncie un trato de favor hacia las comunidades ricas (Cataluña o Madrid) cuando, dentro de las fronteras de Castilla-La Mancha, su gobierno ha perpetuado un modelo que reproduce exactamente aquello que critica. Durante décadas, el eje de desarrollo se ha concentrado en el Corredor del Henares (Guadalajara) y el entorno de la Sagra (Toledo), dejando a Cuenca en una situación de marginación, preterición y olvido sistemático.
Mientras Page clama por la igualdad entre españoles, los datos en su región cuentan una historia de dos velocidades. Las provincias con mayor peso demográfico y electoral han sido las receptoras de las mayores inversiones, la atracción de empresas y la creación de infraestructuras críticas. Cuenca, por el contrario, ha sido tratada como una provincia “de segunda”, condenada a ver cómo el dinamismo económico pasa de largo por sus carreteras.
La crítica de Page a Junqueras por querer “privilegiar a los que más tienen” carece de autoridad moral cuando se analiza el mapa de inversiones en Castilla-La Mancha. La provincia de Cuenca ha sido ninguneada en el reparto de recursos, sufriendo un desmantelamiento progresivo de servicios que ha culminado en heridas simbólicas y reales, como el cierre del tren convencional, una decisión que ejemplifica el desprecio por la conectividad del territorio frente a la rentabilidad política de otras zonas.
En Cuenca, el “principio de ordinalidad” que Page rechaza en el Congreso parece ser la norma interna: se invierte donde hay votos, no donde hay necesidades. La falta de incentivos para la implantación de empresas y la escasa voluntad para dotar a la provincia de infraestructuras industriales competitivas han provocado una sangría demográfica que ningún discurso sobre la “España Vaciada” ha logrado frenar.
Si García-Page considera injusto que Cataluña reciba más por ser más rica, debería explicar por qué en Castilla-La Mancha las provincias más prósperas siguen acaparando el grueso del presupuesto y el esfuerzo institucional. El “maltrato” a Cuenca no es una percepción subjetiva, es el resultado de casi cuatro décadas de un gobierno socialista regional, incluida un mandato de 4 años de Gobierno del PP encabezado por Mª Dolores de Cospedal que deambuló por los mismos derroteros de marginación y olvido respecto a Cuenca, que ha preferido alimentar los motores económicos ya existentes antes que vertebrar de forma real y equitativa el territorio.
La defensa de la igualdad de todos los españoles que hace Page es necesaria, pero resulta hipócrita si no empieza por su propio jardín. No se puede denunciar el egoísmo de las élites catalanas mientras se mantiene a Cuenca en la periferia de las decisiones y las inversiones. La solidaridad interterritorial no puede ser una pancarta para Madrid y una papelera para Cuenca.
Es hora de que el presidente regional entienda que la igualdad que reclama para Castilla-La Mancha frente al Estado es la misma que los conquenses llevan 37 años esperando recibir de Toledo. Sin una rectificación interna, las críticas de Page a la ordinalidad de Junqueras no serán más que ruido mediático para ocultar una gestión regional profundamente desigual.
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