El Gobierno se propone desmantelar las rebajas fiscales que beneficiaron a sectores empresariales a cambio de dinero, aprobadas durante la segunda etapa de Cristóbal Montoro (PP) al frente del Ministerio de Hacienda. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), las empresas se valían de las influencias de Montoro en el Gobierno para lograr reformas legislativas que les beneficiaban, pasando siempre antes por el despacho de abogados Equipo Económico, fundado por el exministro en 2006.
El propósito que persigue el Gobierno con su actuación es, según la vicepresidenta María Jesús Montero “restablecer una normalidad que se alteró por un interés espurio”. Esta manifestación expresa del Gobierno, de revisar actuaciones que pudieron perjudicar el interés general para beneficiar a grupos minoritarios tiene una indudable relevancia jurídica.
De acuerdo con este planteamiento y en congruencia con sus propios actos, el gobierno también debería sentirse obligado a examinar las medidas impulsadas por un interés espurio de parte de aquellos integrantes del propio Gobierno que han sido denunciados ante la justicia, por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Por lo tanto, el Gobierno debería revisar la actuación del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, mediante la cual se promovió el cierre de la línea férrea Aranjuez-Cuenca-Utiel, sin contar con la participación de las autoridades locales interesadas en su mantenimiento (salvo el alcalde de Cuenca). También tendría que examinar la gestión de la presidenta de Adif, Ana Pardo de Vera, que encargó a una entidad dependiente como Ineco, redactar informes para dar forma jurídica a una decisión política arbitraria.
La fraudulenta confabulación de Adif y de Ineco con la decisión del Ministerio de Transportes, estuvo dirigida a respaldar con datos sesgados y falsos la falta de mantenimiento, la nula inversión de muchos años y el abandono de la línea férrea. Todo ello con el propósito de justificar el abuso de poder y la arbitrariedad perpetrada con el cierre de un tren en perjuicio de los pueblos.
Por todo lo cual, el gobierno debería sentirse obligado a dar marcha atrás y derogar las decisiones del Ministerio iniciadas por José Luis Ábalos y la presidenta de Adif, Ana Pardo de Vera, sin contar con la participación de las autoridades locales, para beneficiar a una minoría, en contra del interés de los pueblos por donde discurre la línea férrea Aranjuez-Cuenca-Utiel.
Confiemos en que el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, luchador infatigable en contra de los privilegios singulares de algunas comunidades autónomas, se implique para que se revierta la injusticia ocasionada por una trama presuntamente corrupta, que promovió la clausura de la línea de ferrocarril de interés general en perjuicio de los pueblos de Castilla-La Mancha.
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