La Fiscalía pide una pena de diez años de cárcel para F.A.R.H., acusado de un delito de agrexión sexual a su expareja tres años después de la ruptura de la relación, en el juicio que se celebrará este jueves 10 de julio en la Audiencia Provincial de Cuenca.
De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado mantuvo con la presunta víctima una relación durante varios años y tuvo con ella tres hijos en común, hasta que en 2016, por mutuo acuerdo, decidieron el cese de la convivencia, manteniendo posteriormente relaciones esporádicas, pero sin volver a vivir juntos.
Según la Fiscalía, en torno a las seis de la mañana del 14 de julio de 2019, el acusado se presentó en el domicilio diciéndole que quería hablar con ella. Sin embargo, una vez entró “el procesado adoptó frente a ella una actitud violenta, reprochándole que no le contase
nada de su vida personal, al tiempo que de modo agresivo rompió el cristal de una puerta y destrozó diversos elementos del mobiliario”.
Esta situación generó temor por parte de la mujer, que según la acusación ya había sufrido alguna agresión física por parte de un hombre que, además, había sido condenado anteriormente a ocho años de prisión por hechos similares.
A continuación, siempre según el escrito de la Fiscalía, F.A.R.H. obligó a la víctima a subir a la parte superior de la vivienda, cogiéndola de los brazos hasta llegar a una de las habitaciones donde la obligó a acostarse con él, manteniendo una actitud agresiva y logrando penetrarla vaginalmente en varias ocasiones “pese a que ella intentaba apartarse y se oponía a mantener relaciones sexuales con el procesado”.
Los hechos relatados son constitutivos de un delito de agresión sexual de los arículos 179 del Código Penal en relación con el art. 178 del mismo cuerpo legal en la redacción dada por la Ley Orgánica 10/2022 de a de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley del Solo Sí es Sí, al entenderse que su redacción es más beneficiosa para el acusado, como se establece en los principios del Derecho.
La Fiscalía, que pide circunstancias agravantes de parentesco y por razones de género, solicita además una orden de alejamiento de once años, libertad vigilada durante diez y la imposibilidad para trabajar con menores durante dos décadas.
Además se solicita una indemnización por daños morales a la víctima de 6.000 euros.
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