El 14 de marzo, a partir de las 11:30 horas, se celebrará frente a la Delegación de Bienestar Social de Cuenca, en la calle Lorenzo Hervás y Panduro, una concentración por la trabajadora asesinada en un centro menores de Badajoz.
La convocatoria parte del Colegio Oficial de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha, que ha llamado a la movilización en las cinco capitales de provincia para protestar por un suceso “que pone de manifiesto la falta de medios, tanto técnicos como económicos, que tienen como consecuencia la desprotección de los y las profesionales de la intervención social, con políticas de licitación que anteponen el ahorro económico a la seguridad de las personas trabajadoras y de los y las menores”, ya que esta la víctima falleció después de una violenta agresión cuando se encontraba sola y sin apoyo en el turno de noche, como indica el colegio en un comunicado.
Desde su punto de vista, “tragedias como esta podrían evitarse si las administraciones públicas otorgasen la debida consideración a la labor de quienes nos dedicamos a la intervención social con personas en riesgo, con centros con plantillas adecuadas, recursos suficientes y protocolos de seguridad adecuados y actualizados”.
Consideran que este lamentable suceso “no es un mero accidente, es el resultado de las constantes externalizaciones de servicios sociales” y se hacen eco de datos de CCOO Castilla-La Mancha para advertir que “una parte importante de las licitaciones que se acaban adjudicando no permiten cumplir con el convenio colectivo del sector ni la normativa de prevención y protección de las personas trabajadores, adjudicándose a empresas que se presentan ofertas económicas temerarias”.
Además, denuncian que en Castilla-La Mancha “nos vemos afectados por un Concierto Social que no respeta las figuras profesionales ni el cumplimiento de las condiciones del convenio sectorial y que cuenta con el rechazo del CESCLM y de CCOO”.
El Colegio de Educadores Sociales insta las administraciones públicas y a las empresas gestoras a que tomen medidas urgentes para proporcionar los recursos materiales y técnicos necesarios para evitar que tragedias como el asesinato de la trabajadora de Badajoz se repitan.
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